Santiago de Cali, febrero 22 de 2010
"El desempleo es uno de los grandes dramas de los colombianos (…) el Empleo es la principal y mejor fuente de acceso a otros derechos como la seguridad social (…) y el más importante reactivador de la demanda efectiva…" (Carta ciudadana)
Respetado ciudadano:
Cuando aceptamos postular nuestro nombre a la Cámara de Representantes lo hicimos para desarrollar el Ideario de Unidad del PDA* que se propone la renovación de las costumbres políticas y la democratización y transformación de la sociedad en su sentido más amplio.
Ya que se funda en una ciudadanía más activa, en su capacidad de autodeterminación, nuestro trabajo parlamentario propiamente dicho –control político traducido en citación a Ministros y funcionarios, proposiciones de moción de censura si fuere necesario, debates, presentación de proyectos de Ley– debe ser el resultado de la interacción y diálogo extraparlamentario permanente con el partido, los movimientos sociales, los ciudadanos y del acompañamiento solidario con la movilización popular. Al respecto, más que un listado de debates y proyectos de Ley, queremos indicar lo que será el sentido político de nuestra actuación:
Aunque centraremos nuestro empeño en el desarrollo de los temas regionales aquí presentados[1], buena parte del esfuerzo parlamentario lo dedicaremos a procurar el ambiente propicio para situar en la agenda nacional la necesidad de reformar la Constitución en al menos tres temas básicos, para avanzar en los objetivos "regionales": - El desmonte de la autocracia presidencial, o de los excesivos poderes del Ejecutivo que todo lo definen y limitan la democracia, como es el caso de la imposición de una odiosa reforma al sistema de salud, mediante un Decreto expedido al amparo de los poderes constitucionales que otorga un estado de excepción (la "emergencia social") para evitar el debate legislativo a tiempo. - La eliminación de la autonomía del Banco de la República, que impide utilizar prioritariamente el instrumental monetario y cambiario para objetivos sociales tan urgentes como generar empleo, por encima del prioritario objetivo macroeconómico (definido así por la Constitución) de controlar y reducir la inflación, y - El rediseño territorial del país, que organice la administración regional y local en función de complementariedades e identidades geográficas, culturales y etnográficas. Además, que postule las autonomías locales (tema sensible en especial en Cali, secuestrada por los poderes centrales que definen la suerte de EMCALI, EMSIRVA y el MIO) y recupere las transferencias como inversión social y las blinde contra su recorte para pagar la guerra y la deuda.
En lo político, elevamos la bandera de la autodeterminación y la soberanía plenas, básicas para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los colombianos y el desarrollo integral de la nación. Por ello rechazamos las bases militares gringas en nuestro territorio, la imposición de sus políticas antidrogas y defendemos las libertades públicas, los derechos humanos y las garantías democráticas que propicien la construcción de ciudadanía activa en la conquista de sus derechos económicos, laborales, sociales y culturales.
En lo económico, consideramos que el desempleo es uno de los grandes dramas de los colombianos. Los altos niveles de desocupación son los principales responsables de los altos índices de pobreza, la pésima distribución del ingreso y un factor generador de violencia y desesperanza. El desempleo sostenido y generalizado, la pulverización de los derechos laborales, la informalización del trabajo además del empleo precario que no cotiza al sistema de salud, explican buena parte de su crisis actual. Es que el empleo digno es la principal y mejor fuente de acceso a otros derechos y debería convertirse en el más importante reactivador de la demanda efectiva, problema que se encuentra en la base de la recesión en curso. En contraste, las gabelas y exenciones a los dueños del gran capital, sus ganancias "rentistas", parasitarias o especulativas, han contribuido al incremento de la iniquidad y desigualdad social que registra entre los mayores del mundo.
Nuestra principal atención actual, nuestros mejores esfuerzos, se los otorgaremos a una salida estructural al problema del desempleo. Para ello es preciso recuperar y estimular el mercado interno, la producción nacional y el ahorro interno, hoy en destrucción por la "apertura económica" y amenazados por los TLC. Como el empleo lo asociamos a la distribución del ingreso, en nuestra propuesta no caben salidas de empleos precarios, informales, sin seguridad social (por eso las "Cooperativas de Trabajo Asociado" en su concepción actual serán objeto de nuestro rechazo permanente hasta su desmonte). Dar trabajo a los pobres de la ciudad y del campo, aprovechar sus capacidades generadoras de riqueza y con un lugar en el ciclo económico, pasa por otorgarles medios de producción, créditos, educación, asistencia técnica. Es urgente priorizar la inversión social sobre el presupuesto militar, el pago de la deuda, las enormes ganancias de los bancos y del capital especulativo. Para ello se requiere robustecer la inversión en educación, salud, saneamiento básico y planes de vivienda –otra de las necesidades más sentidas y cuya solución demanda mano de obra, genera comunidad y estimula la reactivación económica con desarrollo social–, y combatir decididamente la billonaria corrupción.
Lo anterior supone grandes y soberanos propósitos nacionales para replantear el modo de acumulación, restablecer la función social del Estado, su intervención en la economía guiado por los objetivos de defensa del medio ambiente, redistribución del ingreso y realización de los derechos, de crecimiento de la infraestructura científico- técnica y las fuerzas productivas, de asistencia y prestación directa de servicios públicos, de armonización de la economía y regulación del mercado. Al orden del día aparece la exigencia de derogatoria de normas como las leyes 50 de 1990, 100 de 1993 y 142 de 1994, entre otras.
En lo social, defenderemos tercamente la solución política al conflicto armado como solución más humanista y de menor costo social. La inclusión social de amplios sectores marginados, que en el caso de los desplazados significa el regreso a sus tierras con amplias garantías. Las acciones afirmativas para importantes segmentos de población, la no discriminación de la mujer y de los grupos étnicos hoy perseguidos, el reconocimiento de la diversidad sexual, la inclusión de los discapacitados, la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia.
En el tema de la seguridad ciudadana, nuestro proceder legislativo se guiara por los criterios de integralidad y responsabilidad ciudadana. Es decir, no aceptamos seguridad en fincas y zonas de megaproyectos y la "selva" en las ciudades, ni estrategias aberrantes de recompensas por matar o por "sapiar", que han conducido a crímenes de lesa humanidad como los mal llamados falsos positivos.
Con la conmemoración del centenario de la creación del departamento del Valle del Cauca como unidad político-administrativa y con la delimitación geográfica que actualmente posee, es pertinente revisar el proyecto de Región que se ha gestado y sus consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales. Nuestras preocupaciones regionales, que demandan una nueva actuación legislativa y "extraparlamentaria", deben entenderse a la luz de las claves nacionales anteriormente enunciadas:
El Valle del Cauca, otrora "despensa agrícola", ahora hace parte de un extenso monocultivo de la caña del azúcar. La deuda social acumulada por este sector asciende a $11.1 billones entre los años 2000 al 2007 (equivalentes a 350.000 viviendas de interés social o 720.000 hogares con saneamiento básico) [2]. El uso del agua en el Valle registra un impresionante 86.4% para actividades agrícolas, contra el 6.9% para uso doméstico, 2.9% para usos industriales y 3.8% para otros usos [3], lo que explica en gran parte el drama del agua potable en varias poblaciones de su zona de influencia y aún en la ciudad de Cali, que recibe un Rio Cauca con sus afluentes deforestados y su caudal degradado y contaminado, aportándole cargas de lixiviados en el Basuro de Navarro y aguas de interés sanitario de sus industrias. Y a la presión sobre el consumo humano de agua, se suma la presión para la privatización de los ríos y acueductos vía Plan Departamental de Aguas, "financiarización" de ACUAVALLE y "sectorización" del acueducto en Cali. Todo con la anuencia de una CVC y autoridades ambientales generalmente ocupadas del "empresarismo ambiental" con fundaciones y politiqueros.
Otros megaproyectos económicos ya han entregado a las fuerzas del mercado la cadena del reciclaje y disposición final de los residuos sólidos –liquidación de EMSIRVA incluida–, y la explotación del Puerto de Buenaventura, cuya concesión fuera prorrogada recientemente. La EPSA vendida a precio de quema, hoy es transada a sumas multiplicadas a inversionistas de otras regiones. El cese de la intervención a EMCALI, que presta sus servicios a varios municipios del Valle del Cauca, ha sido condicionado a una escisión y venta del Componente de Telecomunicaciones (la "joya de la corona"), que Alcalde y Concejo Municipal han aceptado. La Universidad pública en constante crisis y la red pública de salud en proceso de cierre en su capital, están informando de la apremiante situación social presente y futura.
Lo fundamental de esta infraestructura pública ha sido entregado a las roscas de malas administraciones para luego transferirlas al cálculo rentista. Es que la multiplicación de las ganancias de Saludcoop y su modus operandis tienen su contraparte en cada región. Y también en el Valle obtienen privatizaciones y se alzan con los negocios los poderosos grupos económicos generalmente allegados a la Casa de Nariño. "Agro Ingreso Seguro" en manos de los ingenios es un botón de la muestra. Y William Vélez en Yotoco es otro ejemplo del muestrario. El debate y control legislativo de la Cámara de Representantes tiene allí todo un campo de actuación, para pugnar por una ética de la administración pública regional, recuperar esta infraestructura y ponerla al servicio de los objetivos económicos y sociales arriba señalados. Especial atención al cese de las intervenciones por la Superintendencia de Servicios Públicos –a cuyo amparo se han producido algunos de los principales hechos de corrupción– la reivindicación de la autonomía y el respeto a la descentralización, como punto de partida de aquellos propósitos vallecaucanos.
Complementariamente, propondremos la revisión de toda la legislación recentralista entre ellas la ley 819/03 que posibilita la financiarizacion de los presupuestos públicos y amarra las manos de los futuros gobernantes a través de las vigencias futuras. Sobre las deudas de los Municipios y del Departamento, acompañaremos la reclamación de refinanciación, siempre que se pacte en beneficio de las entidades territoriales, y en ese sentido combatiremos el anatosismo (cobro de intereses sobre intereses) permitido por el Decreto 1454/89.
Por el contrario, el Valle debe reclamar mejor tratamiento presupuestal de las autoridades nacionales. Una cifra lo exhibe: de los aportes de la región al presupuesto, apenas se le reintegra por distintos conceptos un escaso 33%, mientras para Antioquia el guarismo asciende a más del 60%. Esa deuda relativa debería ser pagada con financiación de la recuperación medioambiental del Departamento y sus municipios (a la que debería contribuir también la industria especialmente azucarera), y con la asunción de las acreencias contraídas por ellos con la nación, compromiso incumplido por varios gobiernos (Uribe se va sin cumplir con lo correspondiente a la deuda de EMCALI).
Pero los asuntos fiscales de las entidades territoriales y la situación de sus gentes no van a mejorar si no hay proyecto industrial, de recuperación económica que sea al mismo tiempo protectora del medio ambiente, atenta de la soberanía alimentaria, respetuosa de la economía campesina y redistribuidora de la riqueza social creada. Ni el modelo neoliberal, ni el discurso desarrollista, ni la "peligrosa obsesión competitiva" (Paul Krugman) que defienden sus dirigentes, han propiciado el crecimiento económico con desarrollo social en la región. Todo lo contrario, se ha generado una acusada terciarización de la economía vallecaucana, mayores desempleo, concentración de la riqueza, exclusión territorial y desequilibrios intraregionales ampliamente documentados, entre otros por el Informe Regional de Desarrollo Humano 2008[4].
Desde el congreso lucharemos también por introducir en la normatividad que regula la participación ciudadana, cambios orientados a que la participación sea más decisoria que consultiva en los órganos de planeación local, regional y nacional –hacer realidad el presupuesto participativo-. Y así evitaremos que nuestras vidas las definan únicamente el gran empresariado y la banca nacional y multilateral.
- CIUDADANOS: CON SU DECIDIDA PARTICIPACION, EL 15 DE MARZO ESTAREMOS DICIENDO: ESTA CURUL ES PARA USTEDES
[1][1] Ver también "Guías Políticas para una curul alternativa en la Cámara de Representantes", Cali, noviembre de 2009, en Guia política [2] "Deuda social y ambiental del negocio de la caña del azúcar en Colombia", Mario Pérez, Paula Álvarez, Bogotá, marzo de 1009. [3] Los ingenios utilizan intensivamente 33 de los 35 principales ríos del valle geográfico del rio cauca; de los 1581 pozos de agua en la región, 1079 se usan para regadío en los ingenios, 268 para uso industrial y 234 para abastecimiento público. Ver: "Uso del agua en la agroindustria cañera en Colombia", Mario Pérez, Miguel Peña y Paula Álvarez, Cali, Colombia, octubre de 2009. [4] Ver el Informe Regional de Desarrollo Humano 2008, "Hacia un Valle de Cauca incluyente y pacífico", Cali, Colombia.
*** El 14 de Marzo marca Polo Democrático Alternativo y el 105 Wilson Arias a la Cámara 2010-2014
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foto:reservas.net
