El paseo de la muerte y la emergencia por dengue en Cali
Por : Wilson Arias*
La emergencia social ha generado sus primeros efectos fatales que obligaron a declarar la emergencia sanitaria en Cali. Ya el paseo de la muerte no es sólo para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo como cáncer, sida, enfermedad renal. Ahora ese paseo ronda a la población infantil y por enfermedades consideradas de interés para la salud pública.
La emergencia sanitaria que vive la ciudad de Cali como medida desesperada para contrarrestar el brote epidémico del dengue, es realmente uno de los primeros efectos graves después de la aplicación de las medidas de emergencia social en la ciudad. Esta situación ya empieza a generar consecuencias negativas en la salud de la población: en menos de dos meses han ocurrido 5 muertes infantiles como consecuencia de una enfermedad considerada como de interés epidemiológico por la ley 100 de 1993 y definida como prioritaria para su intervención según el plan nacional de salud pública del año 2009.
La alarmante cifra afecta uno de los indicadores más sensibles para medir el avance o retroceso social, la mortalidad infantil. Pero más allá de asuntos estadísticos, la emergencia sanitaria revela que la autoridad correspondiente no logró prevenir y controlar una epidemia ocasionada por una enfermedad evitable como el dengue. Lo que se puede leer de esta situación es que no han sido efectivos ni las estrategias de prevención, ni los servicios de atención, ni el diagnostico de los casos de dengue. Pues aunque se trate de una mutación del virus, si las campañas de prevención fueran exitosas el mosquito no se estaría reproduciendo y sin este vector la enfermedad no se puede propagar.
Lo cierto es que hoy los entes territoriales (municipios), contratan los servicios de salud pública con ONG particulares o con las IPS, pues la ley no permite la prestación directa de los servicios de salud pública a los municipios. La autoridad sanitaria sólo puede realizar funciones de dirección, vigilancia y control pero no puede prestar directamente los servicios de salud (en el absurdo neoliberal, el Estado no puede simultáneamente “regular” y “ejecutar”).
En el caso del dengue se realiza la contratación de los servicios de control de larvas del mosquito transmisor con empresas particulares o cooperativas que desarrollan labores mientras el contrato está vigente. Durante los primeros meses del año los colombianos quedamos desprotegidos y expuestos a estas enfermedades transmitidas por vectores, mientras se inicia la contratación estatal de cada año que, por ley de garantías electorales, se retrasa aún más durante este periodo.
Cuando la prevención no funciona necesariamente se produce la enfermedad y es allí donde la emergencia social actúa, impidiendo a los médicos que ejerzan su labor de una manera ética para hacer un diagnostico diferencial entre el dengue, la gripa común y el H1N1, que tienen algunos síntomas muy similares.
Los médicos generales deben limitarse a recetar a ciegas lo que les está permitido o enviar la solicitud de pruebas de laboratorio al comité científico. De lo contrario se exponen a ser multados de acuerdo con los nuevos decretos de emergencia social que poco a poco, con las protestas que han generado, han sido “reformados” pero no derogados
Adicionalmente, cuando las enfermedades no son de interés para la salud pública ni enfermedades comunes o prevalentes, no generan emergencia sanitaria ni trascienden a los medios de comunicación, pero sus víctimas si engrosan la siniestra matemática del paseo de la muerte. Para estos casos, el sistema de seguridad social contemplaba un reaseguro contratado por las EPS con el fin de lograr el cubrimiento del Plan obligatorio de salud en todos los niveles de complejidad; igualmente el sistema creó el fondo de seguridad y garantía (FOSYGA), el cual debe ser alimentado financieramente con los recursos que aportan los trabajadores a las EPS, después de descontar el pago del POS y con recursos del estado establecidos por ley. De este fondo se vienen pagando los servicios no incluidos en el POS (concedidos por fallos de tutelas) y ahora se busca que sean pagados por los trabajadores con sus cesantías violando el derecho a la salud de la población colombiana.
Los decretos de emergencia social apuntaron a resolver el problema financiero ocasionado por las entidades intermediarias o EPS que administran los recursos públicos del sistema, con los cuales se han venido enriqueciendo sin importar el deterioro de los indicadores de salud y de calidad de vida de los colombianos.
Hay que reconocer que en los años 90, cuando se implementó el actual sistema de seguridad social de salud y se crearon las EPS como intermediarias entre el estado y los prestadores de servicio, los sindicatos de profesionales de la salud y de la clase trabajadora se pronunciaron sobre las consecuencias que tendría este modelo en beneficio de los intermediarios y contra la salud de la población subsidiada y para la población pensionada y trabajadora que con sus aportes del 12% del salario han sostenido financieramente el funcionamiento del modelo.
De conjunto la situación demanda, de una parte, un modelo económico que genere empleo, desarrolle las fuerzas productivas y proteja el mercado interno. Sin empleo no hay contribución de trabajadores y empleadores, base del financiamiento del sistema; de otra parte hay que derogar la Ley 100 y desmontar la concepción neoliberal instalada y ya fracasada en los más diversos órdenes de la vida nacional. Y volver a la asistencia directa en salud por el Estado, a cuya responsabilidad se encuentra el derecho a la salud y la vida de los colombianos.
*candidato a la camara de representantes por el polo democratico
