DENUNCIA INTERNACIONAL.GOBIERNO MUNICIPAL DE CALI-COLOMBIA DENUNCIADO POR DESPLAZAMIENTO Y USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Los habitantes del jarillón RIO CAUCA RIO ­ CALI
En especial sector VENECIA – LAS VEGAS
DENUNCIAMOS
Ante la comunidad nacional e internacional
COMUNICADO URGENTE
• El desplazamiento forzado de que somos víctimas por parte de alcalde el gobierno local y los poderosos de la ciudad.
• La manera inconsulta y grosera como nos están desalojando de nuestras viviendas desconociendo la propiedad que tenemos sobre nuestras viviendas que por más de 40 años hemos construido con amor y sacrificio ante la anuencia de todos los gobiernos de turno.
• El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía representada en el ESMAD quienes golpean a los habitantes incluidas mujeres en embarazo y niños al resistirse al desalojo de sus casas.
• El engaño de que somos objeto, al pretender cambiar nuestras viviendas dignas por cajas de fósforos que están dentro del proyecto de vivienda gratis que el gobierno iba a repartir gratuitamente, y ahora nos las quieren cambiar por las nuestras, también al decir de ellos no asignan viviendas a dueños cuando se le haya asignado a algún inquilino de este, desconociendo la propiedad del dueño.
• La falta de propuestas serias que permitan una salida concertada al conflicto que se ha generado.
Aclaramos que el proyecto PJAOC ni el estudio de riesgo han sido socializados con las comunidades.
• !Pregunta!
¿Sera que las comunidades del barrio el Piloto y San Pascual también ponen en riesgo la ciudad de Cali? O será que esta es una estrategia para desarrollar dentro de nuestro territorio proyectos de reforma urbana y comercial que no incluye a las comunidades que habitamos allí.
Contra el despojo de nuestros territorios, por trato digno y respetuoso de los derechos humanos
POR QUE LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE CONQUISTAN AL CALOR DE LA LUCHA
• VIVA LA TOMA DE LA ERMITA
VIVA VIVA VIVA
Santiago de Cali, Junio16 de 2016

Desalojados del jarillón del río Cauca mantienen toma de La Ermita
https://www.youtube.com/watch?v=75Sm7mPAkGc
Publicado el 16/06/2015
Más de 800.000 millones de pesos serán invertidos en la recuperación del jarillón del río Cauca con el fin de mitigar el riesgo de una eventual ola invernal. El Sacerdote Guadalupano, Ramiro Arango, aseguró que a pesar de la millonaria inversión los habitantes de esta zona no han sido incluidos en ningún plan social.

Cada vez más personas se unen a la toma que adelantan los desalojados del jarillón asegurando que en el campo las familias son víctimas del desplazamiento por los grupos armados y en la ciudad lamentablemente por la misma Administración Municipal.

Delegados de la Administración Municipal llegaron hasta la Iglesia La Ermita pero las familias afirmaron que ante los continuos engaños solo dialogarán en una mesa de concertación. El Secretario de Vivienda desmintió estas afirmaciones y aseguró que estás personas sí están recibiendo acompañamiento.

Los habitantes del jarillón aseguraron que con el fallo del Consejo de Estado que ordenó la suspensión de los desalojos retornó el orden público pero continúa la incertidumbre de miles de familias que necesitan que se les garanticen una vivienda digna y un acompañamiento socioeconómico que mitigue el impacto de estos desplazamientos.

EN CALI, EL PAPAYAZO O LA PAPAYASADA

 

foto: http://diarioadn.co/cali

Proyecto de Acuerdo 040 de 2013: World Games de A-Salto Presupuestal

"Mientras sucedían los Juegos Mundiales, se aprobó Asalto de Talla Mundial al presupuesto de Cali 2014-2017 y a las arcas de EMCALI, para costear Megaobras"

La Concejal Patricia Molina denunció en la plenaria del Concejo, durante el debate del Acuerdo que autoriza al Alcalde Guerrero comprometer vigencias futuras excepcionales hasta 2017 para financiar las Megaobras, que dicho proyecto lesiona los ingresos de las familias caleñas, no subsana los vicios y vacíos presentados por falta de los estudios respectivos para la ejecución de las 21 Megaobras, ni explica las razones del atraso, sobrecostos e incumplimiento. También pone en peligro, las finanzas de EMCALI, ya que obliga a invertir $300 mil millones en las Megaobras, afectando la inversión en redes para reposición y expansión. Es decir, es inconveniente y tiene vicios de legalidad, señaló.  

El Acuerdo aprobado es INCONVENIENTE socialmente porque autoriza comprometer 380 mil millones de los recursos propios del municipio para financiar parte del sobrecosto de más de 700 mil millones de las Megaobras, a pesar que se aseguraba que estas obras se financiarían con el recaudo de Valorización y no con recursos propios. Aunque se diga lo contrario, estos dineros saldrán del bolsillo de los habitantes de Cali, ya que los recursos propios del municipio se recogen con impuestos a la población, principalmente el Impuesto Predial. Además, al usar los recursos propios para construir Megaobras, se verá afectada la inversión social que de manera urgente requieren los caleños.

Actualmente la deuda en mora en el pago de Valorización para las Megaobras demuestra la crítica situación económica de los caleños; sin embargo el Alcalde y los 16 concejales que aprobaron el Acuerdo ignoraron la necesidad de realizar un estudio sobre la capacidad de pago de los ciudadanos caleños, y menos aún les interesó que Cali sea una de las ciudades con mayor desempleo del país. 

También se comprometió más de $300 mil millones de EMCALI para financiar redes de las Megaobras, lo cual es altamente INCONVENIENTE porque pone en riesgo el patrimonio público de mayor importancia que tenemos en Cali y afecta la prestación de servicios a los caleños ya que los recursos proyectados por la empresa para inversión en redes son los que la ciudad necesita para reposición y expansión, y no para las redes de Megaobras. 

El gerente Pardo debe explicarle a la ciudadanía su decisión de apoyar este proyecto, teniendo en cuenta que a dos meses de la entrega de EMCALI a la ciudad, no se conoce aún la situación en que se recibió la empresa luego de 13 años de intervención por parte del gobierno nacional, y además no tomó estas decisiones con la Junta Directiva de EMCALI como lo ordenan las normas legales.

El plazo para ejecutar todas las Megaobras se venció en septiembre de 2011 según lo establecido en los Acuerdos 241 de 2008 y 297 de 2010, y aprobar recursos para financiar obras con plazos vencidos genera vicios de LEGALIDAD. Por el contrario, el gobierno tendría que redistribuir el valor de las obras excluyendo las no contratadas, e incluso devolver a los ciudadanos los dineros que se hubieren recaudado de más, pero como se trata de batir records, el Alcalde está generando mandamientos de pago y amenazas de embargo, cobrando sobre el monto total inicial de las obras.

Otro vicio de legalidad, presentado desde el inicio es el relacionado con los estudios, ya que para la aprobación del cobro de valorización para Megaobras en 2009 no se presentaron estudios técnicos que deben acompañar el plan de obras como lo ordena la ley, estudios que tampoco se presentaron ahora para el proyecto 040, incumpliendo con los requisitos que ordena la ley 1438 de 2011 y su Decreto reglamentario 2767 de 2012, requisitos que el Alcalde pretende remplazar con una certificación de que estos estudios sí existen, firmada por el Subsecretario de Infraestructura y Valorización de Cali.

Por lo anterior, ni siquiera hay cálculos confiables sobre el costo de las obras y se ha improvisado y engañado al pueblo caleño diciendo inicialmente que las 21 Megaobras costaban cerca de 800 mil millones, y sin mostrar estudios el actual gobierno dice que hay que adicionar más de 700 mil millones.

El mundo se mueve, Colombia se mueve, se movilizan los cafeteros, los paperos, los transportadores, los cacaoteros, los jueces, los mineros, los maestros, todos clamando JUSTICIA SOCIAL, y sin ningún argumento e interés por el impacto social del proyecto, 16 concejales aprobaron el Acuerdo.

Esto es un verdadero record mundial. Esperamos que este record se invalide cuando los Órganos de Control asuman su papel e intervengan, para el bien de los ciudadanos, para el bien de la ciudad, para apuntar hacia una paz verdadera, es decir con justicia social.
http://patriciamolina.org/index.php/noticias/noticias/228-proyecto-de-acuerdo-040-de-2013-world-games-de-a-salto-presupuesta

ESPACIO PUBLICO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL DOBLE RASERO

http://vendedoresambulantescali.over-blog.es/

Por:

Javier López B[1]

cuando a mediados del mes de abril, el alcalde de Cali, señor Rodrigo Guerrero Velasco, anuncio su intención de ubicar una serie de ventas estacionarias en el espacio público, especialmente en  sectores  como  la ribera del Rio Cali, y  en megaobras como  el hundimiento de la avenida Colombia  y la Plazoleta de la caleñidad, algunos sectores  del comercio formal  mostraron su beneplácito a tal decisión, solo si esta corresponde  en medio de la "formalidad y una buena organización", es decir palabras más, palabras menos si estos nuevos espacios les eran entregados a ellos, evitando con esto que  tales sitios queden en manos de los llamados vendedores ambulantes y/ estacionarios.

lo que se deja traslucir aquí nuevamente es el doble rasero con que tanto comerciantes formales como gobierno municipal hacen del manejo  del espacio público, mientras la ocupación de este por parte de los venteros es mal visto y se les acusa de "invasores" del espacio público, recurriendo a todo tipo de medidas represivas como el decomiso de mercancías, los atropellos físicos y verbales, la violación de los más elementales derechos como el debido proceso, la confianza legitima, la igualdad real, entre otros, porque se alega entre otros la ilegalidad de esta ocupación, de otro lado estos comerciantes no dudan ni un momento pedir para sí, lo que niegan a los demás, pero  este hecho no es nuevo, ya con anterioridad el gobierno municipal había entregado al sector privado la explotación del espacio público, entre los más  connotados ejemplos podemos ver la ocupación constante de  espacios abiertos como plazoletas, alamedas, parques, así sea de manera temporal a connotadas librerías de la ciudad con el pretexto de ser "ferias del libro", otro ejemplo claro de este manejo lo constituye  el contrato de manejo de espacio público al hotel Obelisco, al oeste de la ciudad para la venta de empanaditas, bajo la figura de "administradores del espacio público", concesión dada durante la administración del alcalde Apolinar Salcedo.

La verdad es  que la ocupación del espacio público solo  corresponde a un claro  reflejo de la grave crisis económica  generada por la implementación de modelos económicos (el neoliberal para ser más precisos) que han llevado al empobrecimiento y marginalidad de cientos de personas que en medio del enorme índice de desempleo ven en el llamado rebusque la forma de poder ganar un ingreso, que aunque precario, de algo de alivio a las necesidades básicas insatisfechas de su núcleo familiar.

Ahora el desorden  que se ve en algunos sectores si bien podría atribuírsele a los trabajadores algo de responsabilidad, no es menos cierto que la mayor parte de esta es  del mismo gobierno que no aplica políticas de  organización de estos vendedores, tal vez por el miedo de  no otorgarles un reconocimiento oficial, lo que a la final se ve como un perjuicio para la ciudad ya que no le permite a la municipalidad tener  una estadística clara de cuantos vendedores realmente hay, ni qué condiciones tiene cada  trabajador y si este estaría dispuesto a  entrar en un proceso de reubicación o reordenamiento.

Por ello el anuncio del gobierno local lejos de ser una buena noticia, corresponde un llamado de alerta  y una confirmación  de que este insistirá en  mantener su equivocada política  frente al espacio público  y los vendedores ambulantes, de una parte de represión a estos y de otra de concesión a  quienes pueden “pagar” estar en este espacio, no dudamos ni un minuto en que estos sitios serán entregados de manera preferencial a comerciantes formales, mientras que a los ambulantes  se les dejara de un lado, manteniendo para estos su discurso de invasores ilegales, un doble rasero que parece  no concluir en esta administración.

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[1] Coordinador veeduría vendedores ambulantes