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viernes, 6 de febrero de 2015

El Club Campestre de Cali en terreno ajeno



En el mes de Agosto del año 2009, la Alcaldía de Cali, administración de Jorge Iván Ospina, suscribió con el Abogado Jarvey Rincón Ríos un contrato cuyo objeto era denunciar la existencia de bienes ocultos de propiedad del Municipio de Cali, que por alguna razón no figuraban en el inventario de bienes fiscales de la entidad.
En cumplimiento del objeto se denunció la existencia de la Hacienda La Buitrera y en el desarrollo del proceso se demostró ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali y la Sub Dirección de Catastro Municipal, entidades competentes para demostrar la existencia, ubicación y titularidad del dominio de la citada hacienda, denuncias que permitieron demostrar que, mediante maniobras tendenciosas, tales como la duplicidad de registro de ventas parciales, en los dos predios, Buitrera 1 y Buitrera 2, en que se dividió la hacienda, se minimizó el área real de La Buitrera 1, en una cuantía aproximada de 80 hectáreas, área equivalente a la que ocupó el Club Campestre de Cali.
Mediante la Escritura Pública No. 2.728 de 1946 de la Notaría 2 de Cali, se celebró un contrato de permuta entre el Municipio de Cali y la Tercera Brigada del Ejercito, contrato mediante el cual el Municipio recibió las instalaciones del antiguo Batallón Pichincha, donde hoy se levanta el CAM, y entregó a cambio la Hacienda Nápoles, donde actualmente funcionan los cuarteles de la Tercera Brigada, y cedió además una franja de terreno de 800 metros de ancho, comprendida entre los ríos Meléndez por el norte y Lili por el sur, produciendo como consecuencia la división de la Hacienda La Buitrera, en 2 predios denominados Buitrera 1, desde la franja cedida hacia el oriente, y Buitrera 2, de la citada franja hacia el occidente.  Es decir, la Buitrera 1 quedó alinderada así: por el norte el río Meléndez, por el sur el río Lili, por el Occidente la franja cedida a la Tercera Brigada y por el oriente, la Hacienda San Joaquín, hoy Club Campestre de Cali. La Hacienda La Buitrera había sido adquirida por el Municipio de Cali, por cesión que le hizo la Nación, mediante la Ley 54 de 1.941, protocolizada por Escritura Pública No. 2.668 del 18 de Diciembre de 1.941, de la Notaría 5 de Bogotá.
Por Acuerdo 45 de 1968, el Consejo Municipal de Cali, ordenó transferir la propiedad de los terrenos que le quedaban en las Haciendas Buitrera 1 y Buitrera 2, a favor del Instituto de Vivienda de Cali – INVICALI, entidad que inmediatamente empezó a fragmentar los predios y transferir el domino de los lotes segregados a favor de terceros particulares. Por una aparente confusión sobre la ubicación de los predios transferidos, en una u otra de las dos Buitreras, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, decidió inscribir las primeras 51 ventas parciales en los dos folios de Matrícula Inmobiliaria, correspondientes a Buitrera 1 y Buitrera 2.
Mediante Escritura Pública No. 1.581 de 1974 de la Notaría 4 de Cali, la Sociedad Club Campestre de Cali S.A.  transfirió en favor de la recién creada Corporación Club Campestre de Cali, el derecho de dominio sobre un predio que hizo parte de la Hacienda San Joaquín, predio URBANO ubicado en el sector de Meléndez. A pesar de que en el texto de la escritura se habla de la transferencia de un lote con área de 1.249.000 metros cuadrados, el certificado de paz y salvo predial que consta en el protocolo de la citada escritura, habla de un área de 46 hectáreas y 1.480 metros, situación que evidencia una diferencia de más de 80 hectáreas entre el área vendida y la amparada por el paz y salvo catastral.
En el año 2004 cuando se liquidó INVICALI quedó constancia de que, mientras La Buitrera 2 había sido transferida por  INVICALI a favor de la Secretaría de Vivienda mediante Escritura Pública No. 1.182 del 29 de Julio de 1.997, suscrita en Candelaria, no había sido posible hacer la transferencia de la Hacienda Buitrera 1 por cuanto existían registros dobles de predios que, estando materialmente ubicados en Buitrera 2 habían sido también registrados en Buitrera 1, situación claramente establecida en el Capítulo 6, denominado Contingencias de la Escritura Pública No. 2.281 del 31 de Diciembre de 2004 de la Notaría 16 de Cali. Coincidencialmente, la suma de los predios doblemente registrados, totaliza un área aproximada de 81 hectáreas; es decir, que las 80 hectáreas que le sobran al Club Campestre le faltan al predio Buitrera 1, tal como se mencionó al comienzo de este escrito. En la misma escritura de liquidación de INVICALI se manifiesta de manera expresa que la escritura aclaratoria para cancelar los registros impropios en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de La Buitrera 1, debe ser suscrita por la Secretaría de Vivienda del Municipio de Cali, entidad en la cual recaerá la titularidad de la Hacienda La Buitrera 1. En el mismo sentido se manifestó la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Las Haciendas La Buitrera 1 y San Joaquín son vecinas y están comprendidas entre los ríos Meléndez por el norte y Lili por el sur y siendo la una, es decir, San Joaquín, hoy Club Campestre un predio urbano, y la otra, La Buitrera 1, un predio rural, es evidente que el lindero que las separa coincide necesariamente con  la línea del POT, que demarca y diferencia el área urbana del municipio de su área rural, situación que quedó claramente definida y sustentada en la Resolución No.  V- 565 de Noviembre 4 de 2.010 de la Sub Dirección de Catastro del Municipio de Cali.
A pesar de la insistencia del Doctor Jarvey Rincón Ríos, en su condición de contratista, ante la Alcaldía de Santiago de Cali para que ordene y suscriba la escritura aclaratoria, necesaria para poner punto final al doble registro de predios desenglobados en Buitrera 1 y Buitrera 2, así como para que de acuerdo con el concepto del Consejo de Estado, proceda a la recuperación material del predio ocupado por la Corporación Club Campestre de Cali, hasta la fecha ha sido imposible que el señor Alcalde de Cali dé respuesta a 3 Derechos de Petición relacionados con el mismo asunto. Paradójicamente, sin atender la obligación constitucional de dar respuesta a los Derechos de Petición, el señor Alcalde de Cali ha manifestado ante los medios que es competencia de la justicia ordinaria la solución del conflicto entre el Municipio de Cali, legítimo dueño, y la Corporación Club Campestre de Cali, injusta poseedora, en contravía de lo expresamente dispuesto por el Honorable Consejo de Estado, quien en respuesta a una consulta del entonces ministro Doctor Rodrigo Marín Bernal, recientemente fallecido, dijo claramente que la competencia para la recuperación de bienes fiscales es exclusiva del ejecutivo municipal.
En conclusión, el Doctor Rodrigo Guerrero Velasco, Alcalde de Cali, respalda abiertamente la Invasión campestre.

martes, 17 de septiembre de 2013

EN CALI, EL PAPAYAZO O LA PAPAYASADA





"Mientras sucedían los Juegos Mundiales, se aprobó Asalto de Talla Mundial al presupuesto de Cali 2014-2017 y a las arcas de EMCALI, para costear Megaobras"

La Concejal Patricia Molina denunció en la plenaria del Concejo, durante el debate del Acuerdo que autoriza al Alcalde Guerrero comprometer vigencias futuras excepcionales hasta 2017 para financiar las Megaobras, que dicho proyecto lesiona los ingresos de las familias caleñas, no subsana los vicios y vacíos presentados por falta de los estudios respectivos para la ejecución de las 21 Megaobras, ni explica las razones del atraso, sobrecostos e incumplimiento. También pone en peligro, las finanzas de EMCALI, ya que obliga a invertir $300 mil millones en las Megaobras, afectando la inversión en redes para reposición y expansión. Es decir, es inconveniente y tiene vicios de legalidad, señaló.  
El Acuerdo aprobado es INCONVENIENTE socialmente porque autoriza comprometer 380 mil millones de los recursos propios del municipio para financiar parte del sobrecosto de más de 700 mil millones de las Megaobras, a pesar que se aseguraba que estas obras se financiarían con el recaudo de Valorización y no con recursos propios. Aunque se diga lo contrario, estos dineros saldrán del bolsillo de los habitantes de Cali, ya que los recursos propios del municipio se recogen con impuestos a la población, principalmente el Impuesto Predial. Además, al usar los recursos propios para construir Megaobras, se verá afectada la inversión social que de manera urgente requieren los caleños.
Actualmente la deuda en mora en el pago de Valorización para las Megaobras demuestra la crítica situación económica de los caleños; sin embargo el Alcalde y los 16 concejales que aprobaron el Acuerdo ignoraron la necesidad de realizar un estudio sobre la capacidad de pago de los ciudadanos caleños, y menos aún les interesó que Cali sea una de las ciudades con mayor desempleo del país. 
También se comprometió más de $300 mil millones de EMCALI para financiar redes de las Megaobras, lo cual es altamente INCONVENIENTE porque pone en riesgo el patrimonio público de mayor importancia que tenemos en Cali y afecta la prestación de servicios a los caleños ya que los recursos proyectados por la empresa para inversión en redes son los que la ciudad necesita para reposición y expansión, y no para las redes de Megaobras. 
El gerente Pardo debe explicarle a la ciudadanía su decisión de apoyar este proyecto, teniendo en cuenta que a dos meses de la entrega de EMCALI a la ciudad, no se conoce aún la situación en que se recibió la empresa luego de 13 años de intervención por parte del gobierno nacional, y además no tomó estas decisiones con la Junta Directiva de EMCALI como lo ordenan las normas legales.
El plazo para ejecutar todas las Megaobras se venció en septiembre de 2011 según lo establecido en los Acuerdos 241 de 2008 y 297 de 2010, y aprobar recursos para financiar obras con plazos vencidos genera vicios de LEGALIDAD. Por el contrario, el gobierno tendría que redistribuir el valor de las obras excluyendo las no contratadas, e incluso devolver a los ciudadanos los dineros que se hubieren recaudado de más, pero como se trata de batir records, el Alcalde está generando mandamientos de pago y amenazas de embargo, cobrando sobre el monto total inicial de las obras.
Otro vicio de legalidad, presentado desde el inicio es el relacionado con los estudios, ya que para la aprobación del cobro de valorización para Megaobras en 2009 no se presentaron estudios técnicos que deben acompañar el plan de obras como lo ordena la ley, estudios que tampoco se presentaron ahora para el proyecto 040, incumpliendo con los requisitos que ordena la ley 1438 de 2011 y su Decreto reglamentario 2767 de 2012, requisitos que el Alcalde pretende remplazar con una certificación de que estos estudios sí existen, firmada por el Subsecretario de Infraestructura y Valorización de Cali.
Por lo anterior, ni siquiera hay cálculos confiables sobre el costo de las obras y se ha improvisado y engañado al pueblo caleño diciendo inicialmente que las 21 Megaobras costaban cerca de 800 mil millones, y sin mostrar estudios el actual gobierno dice que hay que adicionar más de 700 mil millones.
El mundo se mueve, Colombia se mueve, se movilizan los cafeteros, los paperos, los transportadores, los cacaoteros, los jueces, los mineros, los maestros, todos clamando JUSTICIA SOCIAL, y sin ningún argumento e interés por el impacto social del proyecto, 16 concejales aprobaron el Acuerdo.
Esto es un verdadero record mundial. Esperamos que este record se invalide cuando los Órganos de Control asuman su papel e intervengan, para el bien de los ciudadanos, para el bien de la ciudad, para apuntar hacia una paz verdadera, es decir con justicia social.
http://patriciamolina.org/index.php/noticias/noticias/228-proyecto-de-acuerdo-040-de-2013-world-games-de-a-salto-presupuesta

lunes, 18 de junio de 2012

CALI: EL DOBLE DISCURSO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO, CASO HOTEL OBELISCO




Por: Javier Lopez 
Veedor Ciudadano

LA ADMINISTRACION LOCAL  Y EL MANEJO SESGADO Y CLASISTA EN LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.


La administración del ex-alcalde Apolinar Salcedo, a través de  la dirección de desarrollo administrativo – subdirección de bienes inmuebles y recursos físicos entrego durante Cinco años, (inicialmente) mediante contrato de intervención y ocupación del espacio publico firmado con la sociedad Klonis Hoteles Ltda., el espacio publico ubicado en la avenida Colombia, calle 5 oeste frente al Hotel Obelisco, “con el objetivo que dicho hotel ocupe intervenga el citado espacio publico con mesas, asientos etc, y con la venta de empanadas como consumo de esparcimiento cultural del sector”. El citado bien de uso publico esta constituido desde hace varias décadas como hito histórico cultural de la ciudad, se ubica en la rivera del rió Cali  y es reconocido por encontrarse allí el monumento a la cuadriga  romana.

Dicho contrato de intervención y ocupación del espacio publico  suscrito el 1 de Abril del 2004 se acampara en el articulo 7 de la ley 9 de 1989  el cual expresa que:  

Los municipios podrían crear entidades que serán responsables de administración, desarrollo, mantener y apoyar financiamiento al espacio publico así mismo, podrá contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores”  así como del articulo 406 del plan de ordenamiento territorial (P.O.T) que dice:  “ Intervención y ocupación  del espacio publico, toda acción que modifique el aspecto físico, funcional, uso o destinación del mismo , altere la relación del  área libre  con respecto al área construida o plante el amoblamiento urbano”. 

La sociedad  Klonis Hoteles se compromete en dicho contrato a realizar como contraprestación la recolección de  basuras, escombros mantenimientos de prados, árboles, de pérgolas, del amoblamiento urbano, la adecuación y la reforestación de la zonas verdes aledañas al rió Cali, así como el mantenimiento y pagos de servicios públicos.

Mediante comunicado entregado a los vendedores ambulantes por parte de la subsecretaria del gobierno y policía metropolitana de ese entonces  titulada: “ El uso del espacio publico” esta dependencia informa a los vendedores informales que:  “ no se están expidiendo permisos o licencia  para ocupar espacio publico con ventas ambulantes, vehiculares y/o estacionarias toda vez que están prohibido por mandato constitucional”.  Así mismo los lustrabotas, escribientes y loteros que durante años ocuparon un sector de la plaza Caicedo y con los cuales se habían adquirido  un compromiso verbal. Por parte del secretario del gobierno, Miguel Yusti de que estos regresaría allí, una vez concluyeran los trabajos de remodelación, se les informo en su momento que ya no serán posible esto, es decir regresar a sus sitios de trabajo, por “solicitud de la comunidad” igualmente los vendedores ambulantes de la plazoleta de san francisco (Gobernación), han solicitado reiteradamente tanto a la gobernación como a la alcaldía se les permitió labora allí, con el compromiso que ellos colaboran en el aseo y orden del sitio, reiteradamente se les ha contestado negativamente, al igual que a los vendedores de las inmediaciones del Cám  y paseo Bolívar, quienes a demás se organizaron a instancias de la policía metropolitana en un “frente de seguridad ciudadana”, lo curioso del caso es que en ambos sitios (Plazoleta san Francisco, el Cám y  paseo Bolivar) son constantes la instalaciones de “Ferias del libro” que no son otra cosa que puntos de ventas de la “Librería Atenas” igualmente es de conocimiento publico la persecución constante a los vendedores que laboran en las calles 13, 14 y 15 y carrera 8 en el centro, y en la cual es gobierno municipal se a negado a carnetizar  y reorganizar a los vendedores (Como de forma constante a través de documentos radicados ante el alcalde,  lo ha solicitado esta organización de veeduría) ya que ellos consideran estos sectores “Recuperados”, esto pese a que se a logrado demostrar que luego del desalojo efectuado durante la administración de Ricardo Cobo, solo fueron reubicados un 30% de los trabajadores, es decir cerca del 70%  de estos vendedores quedaron a la deriva, además es conocido la quiebra de Airear Urbano y los graves problemas por los que atraviesan los vendedores que allí laboran  y teniendo en cuenta la perdida del Centro Comercial Ciudad de Cali I  hoy en manos de la empresa GARISAL LTDA.
En todo caso no hay que olvidar a los vendedores de otros sectores como siloe, sameco, 14 de calima, por citar solo tres casos cuyos vendedores nunca recibieron una alternativa distinta al desalojo.

Todo lo anteriormente expuesto refleja que las administraciones locales le dan un  manejo sesgado – clasista a la ocupación del espacio público, cuando en este laboran vendedores ambulantes, lustrabotas, loteros, escribientes, es decir personas humildes de condición económica pobre, es prohibido constitucionalmente y por lo tanto quienes se atreven a ocuparlo son objeto de fuerte represión (desalojos, decomiso de mercancía, amenazas chantajes y hasta la violencia física) y se invierten como ocurrió en el mes de Diciembre del 2005 hasta 200 millones de pesos en le reforzamiento de esta represión, más cuando quienes lo ocupen son personas o entidades con poder económico, los funcionarios locales buscan los mecanismos  Legales para legitimar esta ocupación y se les  nombra “administradores del espacio público”.

Este actuar de los funcionarios locales va en contravía y niega el derecho constitucional a la igualdad, articulo 13 que en algunos de sus apartes reza que “ todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades... el estado... adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados...”

Por lo visto en estos 6 (seis) primeros meses de la administración de Rodrigo Guerrero, nada parece haber cambiado, muy por el contrario se a podio observar un aumento de la represión y los decomisos a vendedores del centro y de la ciudad en general, igualmente resulta preocupante y triste que  en el Plan de Desarrollo, no se estipulen acciones de respaldo y asistencia a los trabajadores informales, ni su inclusión en programas sociales y solo  quede estipulado la  ubicación de 1500 a través de programas para emprendedores (lo cual podría ser un plan disfrazado de desalojo) y solo a los que cuenten con  un carnet o censo, dejando por fuera  la inmensa mayoría no carnetizados ni censados por culpa de la ineficiencia oficial, igualmente que esta administración   allá rechazado la proposición entregada por al Concejala Patricia Molina para ser incluida en el Plan de Desarrollo  y era la de que se realizara en la ciudad un censo socio-económico  de vendedores y que tenia como fin que la municipalidad supiera la cantidad real de vendedores y por ende marcara nuevos parámetros en las relaciones de la administración local con los informales (programas de carnetizacion y organizacion)

visto así las cosas  las organizaciones de derechos humanos deben  estar atentas y pronunciarse frente a los desmanes  de los funcionarios de la sub-secretaria de gobierno, oficina de seguridad, orden y espacio publico  y los vendedores debe aprender a defenderse y radicar ante los organismos de control las denuncias respectivas..oscuros nubarrones se ciernen sobre este gremio caleño y sus humildes trabajadores.


“Es un uso ejemplar del espacio público. Mucha gente que viene a Cali recuerda las empanadas y el entorno tan agradable en el que degustó esta comida”


palabras del actual alcalde Rodrigo Guerrero, refiriéndose a la ocupación del espacio publico por parte del hotel obelisco
foto tomada de: potencialimite.com


martes, 12 de junio de 2012

ESPACIO PUBLICO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL DOBLE RASERO


Por:
Javier López B[1]
cuando a mediados del mes de abril, el alcalde de Cali, señor Rodrigo Guerrero Velasco, anuncio su intención de ubicar una serie de ventas estacionarias en el espacio público, especialmente en  sectores  como  la ribera del Rio Cali, y  en megaobras como  el hundimiento de la avenida Colombia  y la Plazoleta de la caleñidad, algunos sectores  del comercio formal  mostraron su beneplácito a tal decisión, solo si esta corresponde  en medio de la "formalidad y una buena organización", es decir palabras más, palabras menos si estos nuevos espacios les eran entregados a ellos, evitando con esto que  tales sitios queden en manos de los llamados vendedores ambulantes y/ estacionarios.

lo que se deja traslucir aquí nuevamente es el doble rasero con que tanto comerciantes formales como gobierno municipal hacen del manejo  del espacio público, mientras la ocupación de este por parte de los venteros es mal visto y se les acusa de "invasores" del espacio público, recurriendo a todo tipo de medidas represivas como el decomiso de mercancías, los atropellos físicos y verbales, la violación de los más elementales derechos como el debido proceso, la confianza legitima, la igualdad real, entre otros, porque se alega entre otros la ilegalidad de esta ocupación, de otro lado estos comerciantes no dudan ni un momento pedir para sí, lo que niegan a los demás, pero  este hecho no es nuevo, ya con anterioridad el gobierno municipal había entregado al sector privado la explotación del espacio público, entre los más  connotados ejemplos podemos ver la ocupación constante de  espacios abiertos como plazoletas, alamedas, parques, así sea de manera temporal a connotadas librerías de la ciudad con el pretexto de ser "ferias del libro", otro ejemplo claro de este manejo lo constituye  el contrato de manejo de espacio público al hotel Obelisco, al oeste de la ciudad para la venta de empanaditas, bajo la figura de "administradores del espacio público", concesión dada durante la administración del alcalde Apolinar Salcedo.

La verdad es  que la ocupación del espacio público solo  corresponde a un claro  reflejo de la grave crisis económica  generada por la implementación de modelos económicos (el neoliberal para ser más precisos) que han llevado al empobrecimiento y marginalidad de cientos de personas que en medio del enorme índice de desempleo ven en el llamado rebusque la forma de poder ganar un ingreso, que aunque precario, de algo de alivio a las necesidades básicas insatisfechas de su núcleo familiar.

Ahora el desorden  que se ve en algunos sectores si bien podría atribuírsele a los trabajadores algo de responsabilidad, no es menos cierto que la mayor parte de esta es  del mismo gobierno que no aplica políticas de  organización de estos vendedores, tal vez por el miedo de  no otorgarles un reconocimiento oficial, lo que a la final se ve como un perjuicio para la ciudad ya que no le permite a la municipalidad tener  una estadística clara de cuantos vendedores realmente hay, ni qué condiciones tiene cada  trabajador y si este estaría dispuesto a  entrar en un proceso de reubicación o reordenamiento.

Por ello el anuncio del gobierno local lejos de ser una buena noticia, corresponde un llamado de alerta  y una confirmación  de que este insistirá en  mantener su equivocada política  frente al espacio público  y los vendedores ambulantes, de una parte de represión a estos y de otra de concesión a  quienes pueden “pagar” estar en este espacio, no dudamos ni un minuto en que estos sitios serán entregados de manera preferencial a comerciantes formales, mientras que a los ambulantes  se les dejara de un lado, manteniendo para estos su discurso de invasores ilegales, un doble rasero que parece  no concluir en esta administración.


[1] Coordinador veeduría vendedores ambulantes

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