En el sistema de transporte masivo de la ciudad se realizan diferentes controles por parte de la Policía para evitar que se presenten hurtos. También se realizan controles de antecedentes a los usuarios.
El 82,3 % de los caleños se siente inseguro en la ciudad y el 77,2 % lo atribuye a la situación de hurtos que azotan Cali. Y no se trata de un tema solamente de percepción, de hecho, las cifras de las autoridades indican que en enero de este 2022, de las diez modalidades de hurto que más impactan a la ciudadanía, el de personas fue el único que no tuvo reducción y se ha presentado un aumento en el último año. Entre enero y noviembre del año pasado hubo 16.566 denuncias, mientras que por meses, el primero del 2022 tuvo 13 % más casos que el mismo mes del año anterior.
Los porcentajes de percepción ciudadana se desprenden del análisis de la más reciente encuesta del programa Cali Cómo Vamos, que agrega que el 61 % de los consultados fue víctima de un atraco en días anteriores a la encuesta.
Para expertos en seguridad ciudadana, el documento revela una realidad que es innegable y es que el problema del hurto a personas es muy complejo y no se está enfrentando de manera efectiva de parte de las autoridades regionales y del Gobierno Nacional.
Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, a las dificultades para enfrentar este delito se sumaron los impactos de la pandemia, que provocó un efecto social y económico que terminó por repercutir con fuerza en la seguridad urbana por lo que el experto considera que hace falta una política de prevención.
“Al analizar las cifras se puede concluir que estamos ante un rebote. Hay que tener en cuenta que la pandemia provocó una reducción de todos los delitos a más del 30 %, pero porque estaban activas las cuarentenas y la gente, incluídos los delincuentes, no estaban en las calles. Las secretarías de seguridad de las ciudades, lo mismo que el Gobierno, celebraron estos éxitos en materia de seguridad, pero eso era un sofisma. Nada de esa reducción en las cifras obedeció a una gran estrategia de seguridad o a que se estuvieran dando golpes contundentes, sino una situación coyuntural. No se crearon políticas públicas, no se avanzó en esos meses”, dice Rosanía.
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El especialista añade que, además, la pandemia provocó un aumento en el desempleo y en la pobreza, ambos factores que impactan en materia de seguridad. “Las cifras de desempleo y pobreza se dispararon, lo que lleva a una descomposición social. En ese momento se debió diseñar un programa de atención integral, pero no se hizo y eso ha ayudado al deterioro de la violencia”.
El analista de seguridad dice que el fenómeno en el que se usa violencia para hurtar es relativamente nuevo en el país y está ligado a comunidades de México y Venezuela.
“Tradicionalmente, en Colombia se ha usado la intimidación para hurtar, pero la expansión del crimen organizado internacional lleva a que se deteriore la delincuencia común, entonces esa influencia hace que ahora los delincuentes vayan listos a asegurar a su víctima, eso quiere decir que al causarle daño con arma de fuego o arma blanca, garantiza el botín y su huida, porque no hay alertas del afectado”, agrega Rosanía, quien además explica que los robos a personas no requieren una logística tan compleja como los asaltos a comercio, a casa y de vehículos y los productos robados no son fáciles de vender de manera veloz y necesita de una cadena ilegal más compleja.
Alberto Sánchez Galeano, investigador en temas de seguridad ciudadana, dice que otro elemento que hace muy complejo reducir las cifras de robos a personas es la impunidad. “En estos casos los castigos son prácticamente nulos la mayoría de las veces, inclusive cuando la persona es detenida en flagrancia. Este es el peor escenario de cualquier política criminal de un país. En el Código Penal hay muy pocos incentivos por lo que el hurto constituye un delito menor para muchos jueces sin tener en cuenta la afectación que esto tiene en la percepción y en la seguridad pública. Hay una falta de alineación entre la capacidad de la Fuerza Pública y los incentivos judiciales”
Sánchez Galeano agrega que hay una situación problemática adicional y es que hay un subregistro de los casos porque los afectados no denuncian los hurtos ante las autoridades. Los cálculos del experto señalan que por cada diez casos solo hay tres denuncias, lo que significa que al menos siete atracos no están llegando al radar de las autoridades, por lo que no se están desarrollando planes y políticas diseñados para enfrentar el problema en sus dimensiones reales.
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