La zona rural de Cali busca la visibilización frente al gobierno municipal y otras instancias de orden regional y nacional, con el propósito de alcanzar los recursos a que tienen derecho, especialmente en temas de uso, tenencia y ocupación del territorio.
Durante tres horas, la Mesa Directiva del Concejo representada por Carlos Hernán Rodríguez Naranjo y Juan Carlos Olaya Ciro, escucharon a los voceros de los 15 corregimientos que conforman la zona rural, en un encuentro que tuvo lugar en la Institución Educativa Francisco José Lloreda, en la cabecera del Saladito.
Temas relacionados con la legalización de predios, el aumento de los recursos del Situado Fiscal Territorial SFT, que no superan los 300 millones de pesos, además de concretar proyectos y programas, entre ellos la galería para el mercado campesino, allí mismo en la zona del centro de Cali y aclarar el futuro de los habitantes de la zona de Navarro quienes afirman, son afectados por el Plan Jarillon Río Cauca, fueron entre otras las peticiones elevadas ante los Concejales Carlos Hernán Rodríguez Naranjo y Juan Carlos Olaya Ciro.
Carlos Hernán Rodríguez Naranjo y Juan Carlos Olaya Ciro, indicaron que las peticiones de los moradores de la zona rural y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural serán llevadas al Concejo para control político.
David Navarrete, del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Cali - CMDR, cuestionó el POT por considerar que afecta la zona rural, especialmente en tema de legalización de linderos lo que frena la toma de decisiones y las inversiones. Igualmente demando de los órganos de control evaluar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo vigente para la capital del Valle, desde el punto de vista de la inversión alcanzada y los resultados obtenidos sobre la base de indicadores.
Navarrate se mostró partidario de trabajar a fondo en programas de agroturismo, la recuperación de las cuencas hidrográficas, construir la galería campesina, garantizar agua potable para los corregimientos y mayor planificación en el territorio rural.
Asimismo, solicito evaluar programas vigentes en los corregimientos, entre ellos, los existentes en varias instituciones educativas, que sirven de modelos a nivel nacional e internacional para impulsar el desarrollo de esas zonas. Navarrete advirtió que el territorio rural está sufriendo un proceso de liderazgo que conlleva a exigir el cumplimiento de las promesas hechas y en eso, dice, “vamos a buscar que las promesas que hizo y hace el actual gobierno local se ejecuten”.
Asimismo, solicito evaluar programas vigentes en los corregimientos, entre ellos, los existentes en varias instituciones educativas, que sirven de modelos a nivel nacional e internacional para impulsar el desarrollo de esas zonas. Navarrete advirtió que el territorio rural está sufriendo un proceso de liderazgo que conlleva a exigir el cumplimiento de las promesas hechas y en eso, dice, “vamos a buscar que las promesas que hizo y hace el actual gobierno local se ejecuten”.
Raúl Alfredo Ospina, habitante del corregimiento La Leonera, indicó que la UMATA, es el contacto entre el gobierno local y la zona rural, pero a pesar de la importancia no logra un papel preponderante luego de la reforma administrativa aplicada en el 2017, donde este órgano pasa a manos del Dagma y lo újico que genera es burocracia, “pero no una defensa del ambiente”. Las competencias urbanas del Dagma son tantas, agrega Ospina, que no logra atender la zona rural que sería la parte fundamental. “Por ello proponemos, la creación de una gerencia autónoma rural, fortalecida con recursos de ley y Fondo Agropecuario para que el territorio rural sea atendido”, afirma Raúl Alfredo Ospina.
Janeth Sánchez, habitante de Villa Carmelo y Secretaria Técnica del CMDR, demando el que el Municipio de vía libre al Fondo de Atención Directa Rural, para financiar programas de atención técnica y con el impulsar el desarrollo del sector agropecuario. Sánchez recordó que recursos destinados para el saneamiento básico rural por $25 mil millones se fueron a bolsa común, al no lograr su ejecución.
Juan de Dios Pérez, del Corregimiento de Los Andes, indicó que la mayor afectación de la zona rural la genera el conflicto de normas existentes que dividen al territorio en zona de reserva forestal y parques nacionales, por lo que muchos campesinos no pueden reparar sus viviendas, porque tienen limitaciones. “Si se pide permiso para cualquier obra o adecuación la autoridad ambiental lo niega y si hace la obra y no pide el permiso, lo sancionan”, afirmó Pérez. A la fecha afirma el vocero del corregimiento de Los Andes, hay más de 300 personas para sanción y demolición de obras hechas en el sector rural.
Jesús Loaiza y Laurentino Astaiza, como voceros de los campesinos que habitan la zona de los Farallones de Cali, coincidieron con la apreciación de Pérez, al afirmar que las entidades del gobierno solo exigen pero no cooperan en procesos de fortalecimiento rural.
Para Laurentino Astaiza, el campo es históricamente abandonado por el Estado, “pero en estos modelos de participación podemos hacer cosas por mejorar y restaurar los derechos de los campesinos”. Astaiza llevó la vocería de 300 campesinos reunidos en la Asociación de Campesinos de los Farallones de Cali ACAFAC, quienes reclaman el derecho a la propiedad.
Arturo Torres, Edil de la Comuna 1 y secretario de la Asociación de Ediles de Cali, demandó del gobierno local la generación de procesos que permitan a los campesinos ser propietarios de la tierra, de conformidad a normas legales. Torres cuestionó la labor que realiza la secretaría de Vivienda, la que calificó como una dependencia de lujo, que no adopta mecanismos que benefician la propiedad. Igualmente, cuestionó la falta de criterio de la administración en temas de planificación.
Germán Martínez, habitante del Corregimiento de Navarro, cuestionó el plan de reubicación que propone el Plan Jarillon. Para Martínez “el Plan Jarillon no ha sido socializado con los moradores de Navarro, especialmente en el proceso transformado que se adelanta actualmente, con la recuperación del dique del río Cauca”.
Flor María Valencia, del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico, reclamó el derecho a la vivienda en la zona de Navarro, a la vez que tomo la vocería de los Consejos Comunitarios de Brisas del Cauca, y Playa Renaciente. “El Plan Jarillón dice que tenemos que salir sin derecho a nada y que solo los moradores de la cabecera podrán optar a opciones de reubicación y programas productivos”.
Jeferson Mellizo, abogó por que la administración municipal pueda construir en el corto plazo la galería para el mercado campesino allí en el sector de la carrera 10 entre calles 1 y 12, en lotes que ya fueron viabilizados a través de Planeación municipal. Mellizo también demandó de la autoridad ambiental regional y local, un manejo de las aguas servidas que generan los negocios ubicados a lo largo de la vía al mar, por considerar que éstos afectan el entorno y el recurso hídrico
Luis Villota del corregimiento de Montebello, demando que desde el Dagma se proceda a la compra de predios con el fin de garantizar el agua potable para los habitantes de la zona rural y de los corregimientos
Mientras que Marino Blandón, indicó que la zona rural de Cali no cuenta con saneamiento básico en un 85%, y cuestionó la labor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, por considerar que no estaría cumpliendo el papel para el que se creó. A la fecha sostuvo Blandón hay 32 obras que están a medias en la zona rural. Un factor que afecta el desarrollo de la zona, dice, son las licencias ambientales.
María Queinwan Calambas del Corregimiento de Golondrinas, abogó por que se concluyan las obras de pavimentación y adecuación de la Vuelta de Occidente, en los 8.8 kilómetros pendientes por contratar. A la fecha, dice la vocera de Golondrinas, falta la licencia ambiental del Ministerio de Ambiente
El Presidente del Concejo Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, indicó que el Concejo autorizó los recursos en el año 2014, pero ha habido negligencia administrativa desde el gobierno caleño, al no aportar los requisitos y documentos que exige la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
Arturo Quiñonez, reclamó el cambio de los corregidores, por considerar que hay algunos de ellos, que no trabajan coordinamente con la comunidad. “Le hice ese pedido al Alcalde, especialmente para cambiar al corregidor de los Andes, pero esa labor no se ha cumplido”.
José Filler Burbano y Rafaela de Guerrero, abogaron por mejorar la movilidad para la zona rural, levantando el pico y placa para las empresas que cubren la vía al mar.
James Marín, morador de la Vereda Montañuelas, reclamó servicios de energía a través de paneles solares, petición que ya se hizo a Emcali, así como el servicio de agua potable.
Alirio Silva, miembro de la JAL del Corregimiento de Pance, propuso legalizar los predios donde funcionan los cementerios rurales de Cali, por considerar que algunos particulares quieren apropiarse de los terrenos para privatizar el servicio
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