En las últimas semanas, Santiago de Cali ha despertado con nuevas noticias frente al tema de vivienda. Imágenes de varias familias que exigen entrega de apartamentos, otras que piden un techo por ser desplazadas víctimas del conflicto armado y algunas más que exigen digna reubicación ante planes de renovación.
Por Ana Erazo*.
LA MULTIPLICACIÓN DE LOS CONFLICTOS
El primer caso tiene que ver con la toma de apartamentos en Altos de Santa Elena por parte de 62 familias. Habitantes del asentamiento informal “Nueva Ilusión”, ubicado sobre el Jarillón Rio Cauca al oriente de Cali, decidieron realizar una toma pacífica de los apartamentos que bajo la política de vivienda gratuita debieron habérseles entregado desde hace 4 años. Entrega que nunca se dio por incumplimiento de las constructoras. Después de más de tres días de ocupación y un acuerdo formal de pronta entrega de sus predios, estas familias se encuentran de nuevo en el asentamiento, a la espera que la Secretaría de Vivienda cumpla lo acordado.
Por otro lado, las familias desplazadas por el conflicto armado que realizaron la toma a los apartamentos de Ramalí (otro complejo de vivienda de la Política de vivienda), fueron brutalmente desalojadas por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -ESMAD-, ordenados por la Secretaria de Vivienda Laura Lugo. El dato curioso, es que las familias estaban siendo aparentemente atendidas por la señora Lugo, quien se mostró supuestamente dispuesta a llegar a un acuerdo con las familias. El desalojo se da en horas de la noche, después del dialogo con la Secretaria de Vivienda en el día.
La ausencia de política en una ciudad conflictiva
Las imágenes del Jarillón Rio Cauca y las familias que lo habitan siguen siendo motivo de especiales y portadas de algunos medios de comunicación en Cali, no bajo pretexto de visibilizar la situación de las familias, si no para hacer creer a la comunidad caleña, que estas familias obstaculizan el desarrollo de la ciudad.
El problema de las familias que fueron desalojadas hace ya un año, y que fueron emblema de resistencia por su toma a La Ermita, aún sigue latente. Entre diálogos sin hechos sobre la reubicación los líderes y lideresas que defienden el derecho a un hogar digno, se encuentran a la espera de llevar a cabo un dialogo serio con el gobierno del alcalde Maurice Armitage.
Y así como estas noticias, no cesan los ejemplos de caleños y caleñas que insisten en exigir su derecho a la vivienda digna. Pero quizás la causa de mayor preocupación es que el nuevo gobierno no ha planteado una política clara para atender el déficit de vivienda. El alcalde Armitage ha pronunciado en varias ocasiones su disposición al dialogo con los actores de esta problemática, pero al parecer los diálogos se quedan en oídos sordos de una política de desarrollo que debe continuar y la exigencia de un derecho constitucional.
Para quienes venimos acompañando la defensa del derecho a la vivienda digna, no es un secreto que la política de vivienda gratuita ha sido ineficiente, y que al contrario, ha sido caballito de batalla para que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales saquen pecho a la hora de exigir votación. Pero que como política pública que solucione de raíz la problemática, no se acerca ni el 50% de la meta estipulada. No cumple con reducción del déficit cuantitativo y al contrario ha sido un problema en el que ganan las grandes constructoras del país.
Desmenuzando esta preocupación en el caso caleño, hoy por ejemplo el gobierno de Armitage ni siquiera ubica el tema vivienda dentro del Plan de Desarrollo Municipal como un eje principal de su gobierno, no hay componentes, ni programas de intervención concretos más allá de la política pública nacional. La política de vivienda, tal como lo define Armitage en su gobierno, será una herramienta fundamental en la consolidación del G11, demostrando que no lo analiza como un derecho social, sino como actor importante en el modelo de desarrollo neoliberal.
Como impulsora de la campaña Hogar Digno Hogar en Cali del Congreso de los Pueblos y del Frente Amplio por la defensa de Cali, iniciativa en la que nos articulamos varios procesos en defensa del territorio y de lo público, considero más que vigente la lucha por el derecho a la vivienda digna y convocamos a la comunidad caleña a que continuemos generando iniciativas de articulación y movilización por la exigencia de nuestros derechos. Solo de esta manera, podremos fijar las bases de una Cali con garantías por el derecho a la ciudad.
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