¿Cancha de golf o parque público?

ARTÍCULO EL ESPECTADOR – MAYO DE 2012

Lío jurídico en Cali

Por: Alexánder Marín Correa

Discusión por tierras que serían de los caleños y están en manos del Club Campestre. Ingeniero de Cali, experto en tierras de uso público, insiste en que son del municipio.

La sede del Club Campestre de Cali, donde se reúne la alta sociedad vallecaucana, es epicentro de una gran polémica: de las 125 hectáreas registradas a su nombre, expertos y exfuncionarios señalan que 90 de ellas son del municipio. Pese a que la denuncia lleva años rondando la capital del Valle, el único que le metió diente al asunto fue el exalcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina, quien expidió una resolución para recuperar la propiedad. Sin embargo, la administración de Rodrigo Guerrero la echó para atrás y el pleito quedó en el limbo.

Al margen de esta contradicción, se desprende otro lío para la Alcaldía de Cali. Los estudios que sustentaron la decisión revocada los hizo un abogado externo, que fue contratado para denunciar bienes municipales en manos de particulares a cambio de unos honorarios del 20% del valor del predio que se lograra recuperar. El profesional en derecho dice que cumplió con su tarea y que, independientemente de que la administración quiera o no recuperar el bien, alguien le tendrá que pagar.

El conflicto se concentra en dos propiedades: las haciendas La Buitrera y San Joaquín, que hasta 1940 fueron de Elodia Vásquez de Posso, quien le vendió la primera al Estado (que luego la cedió al municipio) y la segunda al Club Campestre. Hoy, casi 70 años después y en medio de escrituras y registros que se contradicen, hay confusión sobre el lindero de las propiedades y cómo ponerle fin al pleito. Por eso, la actual administración dice que esto lo debe resolver la justicia ordinaria.

Quien sacó a la luz la presunta usurpación de tierras fue el ingeniero Claudio Borrero Quijano, experto en bienes ejidales o de uso público, quien tras un riguroso estudio histórico de títulos concluyó que los ocupantes originales de esos predios no cumplieron una sentencia de 1848, que ordenaba a las familias que se apropiaron de bienes públicos devolver la tercera parte al municipio. “Estas propiedades nunca tuvieron la división ejidal y surge la confusión”, dijo Borrero, y agregó que debido a esto el predio es una cancha privada de golf y no un parque público.

En las últimas décadas, ninguna autoridad local se metió con este asunto. Sin embargo, el exalcalde Jorge Iván Ospina, atendiendo la teoría del ingeniero Borrero Quijano, emprendió la tarea de recuperar el predio y contrató a un abogado externo para que iniciara los trámites, quien documentó que existían errores en la inscripción catastral de los linderos del predio del Club Campestre, por lo que éste estaba ocupando tierras del municipio.

Tras analizar el estudio, la administración de Ospina determinó que al tratarse de un error de registros y no de un asunto de doble titulación, la tarea de recuperar la propiedad era competencia de la Alcaldía y no se debía acudir a la justicia ordinaria. El pasado 30 de diciembre, un día antes de dejar su cargo, la oficina de catastro expidió una resolución que cancelaba la inscripción catastral del predio del Club Campestre, ordenaba corregir los linderos y restituir casi 90 hectáreas a la Alcaldía.

Los socios del club, como era de esperarse, apelaron, argumentando que la Alcaldía había usurpado funciones que eran de los jueces, apelación que coincidió con la llegada del actual alcalde, Rodrigo Guerrero. Según Elciario Díaz, gerente del Club Campestre, las escrituras no han sido tachadas de falsas, por lo que gozan de presunción de legalidad, además, no entregarán un centímetro de tierra sin la orden de un juez.

La semana pasada, la oficina de Catastro, ahora a cargo de la funcionaria Sandra Samacá, revocó la resolución argumentando que entre las funciones de esta oficina no estaba la de solucionar conflictos de linderos y que la discusión debía hacerse ante la justicia.

Controversias

Ante este choque, el exalcalde Jorge Iván Ospina explicó que tomaron la decisión porque encontraron evidencias de que el Club Campestre extendió unilateralmente sus linderos, ocupando bienes del municipio, y que la propiedad debía recuperarse. “Sé que enfrentarse al club es como pelear con Dios. Allá están los que toda la vida han administrado la ciudad, y decirles que el sitio donde juegan golf es del municipio es casi una herejía, pero había que hacerlo”, indicó.

Por su parte, el abogado Jarvey Rincón Ríos, abogado contratado por el exalcalde Ospina para estudiar el caso del Club Campestre, señaló que más de 500 folios demuestran que allí se está usurpando un bien público y que la anterior administración dejó todo listo para recuperarlo. También se mostró sorprendido por la revocatoria de la actual administración y denunció que la funcionaria Sandra Samacá prevaricó.

“Su decisión está violando la ley al revocar una decisión diciendo que un juez debe resolver. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que los bienes del Estado los recupera la Alcaldía. Esto no es una discusión por la propiedad, sino de la especificación de los linderos. Está claro que la hacienda La Buitrera es del municipio y la hacienda San Joaquín es del Club, pero hay un error en el límite que ocupa el Campestre que se debe corregir”, aclaró el abogado Rincón Ríos.

Al consultar a Rodrigo Guerrero, actual alcalde de Cali, le dijo a El Espectador que en este lío se tuvo que declarar impedido. “Aunque como alcalde no intervengo, lo tuve que hacer porque una de mis hijas tiene una acción en el club, que está inactiva”.A pesar de esto explicó que, hasta donde entiende, la subdirección de Catastro tomó la decisión de revocar la resolución, por falta de competencia.

Por su parte, Sandra Samacá, actual subdirectora de Catastro de Cali, señaló que la revocatoria de la resolución de la anterior administración se ajustó a la ley. Según la funcionaria, en un conflicto de linderos la norma indica que primero se busca una conciliación y, en caso de fracasar, Catastro puede hacer un estudio. Si al final continúa la inconsistencia, el caso va a la justicia.

“En el caso de Club Campestre es claro que hay inconsistencias de linderos que no podemos resolver. Nos ceñimos a la norma y estoy tranquila, porque actué en el marco de mis funciones. Ahora, la decisión de si el municipio va o no a demandar es de la oficina de bienes inmuebles de la Alcaldía. Si hay un abogado externo contratado para esta tarea, es él quien debe valorar el paso a seguir”, señaló la funcionaria.

Por el impedimento que manifestó Guerrero, muchos ponen en duda su compromiso con la obligación de recuperar terrenos municipales en manos de particulares y, especialmente, en el caso del Club Campestre. Insisten en que pese a que en la revocatoria de la decisión de Ospina se dice que el caso debe ir a la justicia ordinaria, esto no ocurrirá.

Ante esto, el propio alcalde dijo que su compromiso con la recuperación de tierras es total, aunque en el tema del club era diferente. “El pleito con el club está en las escrituras y especialmente en los límites del terreno. Allá no hay bienes ejidos, por lo que debemos analizar muy bien el tema. No podemos quitarle al legítimo propietario lo que es de él. Tenemos que tener la seguridad de que es del municipio para llevarlo a la justicia ordinaria”, puntualizó.

El punto medio en toda esta discusión lo aportó el ingeniero Claudio Borrero Quijano, quien abrió el debate. En su concepto, a pesar de que el exalcalde Ospina tenía el derecho de recuperar el predio, lo hizo de la forma menos ortodoxa, ya que debió ir ante la justicia ordinaria desde el comienzo. Hoy, en el limbo de esta discusión, el ingeniero pidió al actual alcalde que le otorgue poder para representar al municipio y dar esta pelea como debe ser. “Si el alcalde está interesado en recuperar la propiedad, debe ir a la justicia con argumentos sólidos, pues un paso en falso podría generar la pérdida definitiva de los terrenos. Espero su respuesta”, concluyó Borrero.

Contrato cuestionado

El ingeniero Claudio Borrero Quijano, quien abrió este debate, considera que uno de los errores del exalcalde Jorge Iván Ospina fue que en vez de acudir a la justicia ordinaria contrató al abogado Jarvey Rincón Ríos para recuperar los bienes municipales, pactando unos honorarios del 20% del valor del predio que lograra recuperar. “Como había una comisión tan alta, esto motivó a que el proceso se adelantara de la manera que se hizo y terminó siendo una decisión arbitraria. Tengo evidencias de que el club sí ocupa bienes del municipio, pero la justicia ordinaria es la instancia correcta”, agregó Borrero Quijano.

Las dudas alrededor de los honorarios radica en que el lote en litigio podría costar hasta $250.000 millones, lo que generaría honorarios por $50.000 millones. El trámite tardó menos de dos años, lo que contrasta con los 5 o 10 años que podría durar un proceso en la justicia ordinaria. Es decir, de haber quedado en firme la resolución, se hubiera tratado de unos multimillonarios honorarios en tiempo récord. Lo que más llama la atención es que el abogado sólo se concentró en el Club Campestre.

Ante las suspicacias, el exalcalde Jorge Iván Ospina señaló que “más cuestionable hubiera sido no haber hecho nada por recuperar estos bienes. Además, ese contrato hablaba de todos los bienes, incluso muchos que se robó el narcotráfico”, agregó.

Por su parte, el abogado Jarvey Rincón Ríos defendió su trabajo al decir que no entiende las dudas, ya que todo está dentro de la ley. “Me contrataron para denunciar bienes ocultos y eso hice. ¿Cuál es el problema con mi contrato y lo que me vaya a ganar? En este caso lo que deben mirar son los bienes que se recuperen”.

Tras la reciente revocatoria de la resolución se prevé un conflicto con el abogado Rincón Ríos, pues él insiste en que cumplió con su misión y alguien le tiene que pagar. “En el caso del club falta que el Catastro ponga los linderos y la Policía recupere el bien. Si no quieren recuperarlo el problema es de ellos, pero a mí alguien me tendrá que pagar mis honorarios”, sentenció.

Agregó que está evaluando una denuncia contra la administración para que se ratifique la resolución anterior y para cobrar sus honorarios. Al preguntarle por qué sólo se concentró en el caso del Campestre, dijo que su tarea era con todos los bienes ocultos, pero que no seguirá con otros casos por el peligro que representan. “Hay muchos bienes que están en manos de grandes constructoras y narcotraficantes, pero no me voy a hacer matar por cumplir ese contrato”, señaló.

El lío del parque Farallones

Otro caso de pelea de tierras en Cali es el del parque Farallones. En este caso hay un estudio del Ministerio de Ambiente, en revisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el que se analiza la posibilidad de corregir irregularidades con predios, que terminarían con la revocatoria de registro y escrituras de varios de ellos.

El pasado 3 de mayo, en un informe firmado por la funcionaria Nubia Lucía Wilches, del Ministerio de Ambiente, la autoridad ambiental indicó que hay un convenio interadministrativo para estudiar el tema y “realizar las acciones pendientes a invalidar las inscripciones ilegales de predios y posterior registros a favor de la nación”.

El propio superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, reconoció que existe dicho informe y que, por ahora, es prioridad para su despacho. “Apenas está en revisión y debe pasar a manos de los ministros de Ambiente y Justicia. Hay que revisar unas cifras que no cuadran. Todo indica que allí sí hay mucho problema”, señaló.

Ejidos, ¿solución a falta de tierras?

Mientras el Gobierno busca tierra para sus planes de vivienda, hay un ingeniero en Cali que parece tener la solución. Claudio Borrero Quijano se ha dedicado a estudiar el caso de los bienes ejidos o de uso público en manos de particulares. Dice que estos predios serían solución para cubrir el déficit.

La viabilidad de su propuesta la basa en tres normas: el artículo 1° de la Ley 41 de 1948, que señala que los terrenos ejidos no están sujetos a la prescripción; el artículo 168 del Decreto 1333 de 1986, que reza que estos bienes se deben usar para vivienda, y el artículo 2° de la Ley 32 de 1929, que dice que sólo se podrán destinar al beneficio de las clases pobres.

“Se debería crear una ley que le otorgue a los alcaldes facultades para recuperar y desarrollar terrenos baldíos y ejidales. Además, en la discusión de las 100 mil casas gratuitas, se debería ordenar a los alcaldes actualizar su inventario de tierras baldías y ejidales en manos de particulares, para que procedan a recuperarlas”, concluyó.

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