Por: J. FERNANDO ORTEGA H*
En los últimos tres meses los habitantes del barrio San Antonio de la ciudad de Cali se han visto envueltos en un sinnúmero de reuniones para organizar y preparar acciones con el objeto de defender el derecho a su residencialidad, es decir, el derecho a vivir una vida tranquila y sosegada, como lo estipula el artículo 15 de la Constitución Política (Derecho a la intimidad personal y familiar), un derecho que también se encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Art. 12), ya que el domicilio es el espacio donde se desarrolla la vida privada y familiar.
Esta violación a la residencialidad ha sido ocasionada por el número acelerado de negocios que se han venido abriendo y que han aumentado de manera inusitada y descontrolada en los últimos meses y los últimos años.
Los impactos causados por estos negocios han sido demoledores para la mayor parte de sus habitantes: el sonoro ambiental por ruido de música (equipos de sonido), por bulla (voces, gritos, carcajadas), por pitos y alarmas de carros. El tóxico ambiental: por el altísimo número de vehículos que expelen, al llegar y al partir, el mortal dióxido de carbono. Por congestión: los fines de semana las filas de carros, muchas veces a ambos lados de las calles ocasionan una pavorosa congestión vehicular que imposibilita el paso tranquilo de peatones (muchos son colocados sin consideración encima de los andenes) y de otros vehículos, en especial de carros de basura y ambulancias y para colmo la Colina de San Antonio se convirtió en un inmenso parqueadero público. Dentro del impacto tóxico ambiental se encuentran también las basuras que los propietarios de algunos de estos sitios hacen colocar, no en sus puertas, sino al lado o al frente del vecino y que, como es costumbre, los recicladores riegan sin consideración y expelen olores fétidos que todos los moradores tienen que aceptar con resignación. Otros problemas han surgido, como la agresividad entre vecinos y propietarios de negocios que se ha disparado en el último año; el aumento de la violencia con el incremento del número de atracos y muertes; muchos propietarios de negocios no viven en el barrio y no les importa o no les interesa ayudar a resolver estos problemas. Lo mas contradictorio es que muchos negocios no cuentan con usos de suelo legales, pues no están incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. El Acuerdo 193 del año 2006 (Polígono Normativo PUR- PN-41-PUAAC) autoriza solo los siguientes negocios: Marqueterías, Bibliotecas y Archivos, Teatros y otras actividades artísticas, Museos, Fabricación y Comercio de Artesanías, Elaboración y Comercio de Confites y Misceláneas, Restaurantes y Cafeterías, Comercio al por menor de Libros, Periódicos y artículos de papelería.
Los negocios que no figuran en este listado no están autorizados para tener uso de suelo y si lo poseen es ilegal. Normalmente para la expedición de usos de suelo, en especial para los negocios cuyos clientes poseen vehículos, se deben cumplir algunos requisitos, entre otros, tener parqueadero. Pero éste y otros requisitos no se cumplen. Hay numerosos negocios, de acuerdo a denuncias hechas por la Junta de Acción Comunal que funcionan con usos de suelo con firmas falsas; otros tienen destinaciones diferentes a las autorizadas en el uso, como bares con fachadas de restaurantes. Este caos que está sufriendo el barrio se debe principalmente al desgreño de las autoridades administrativas y policivas, a su falta de responsabilidad en el manejo de este asunto y a muchos habitantes o arrendatarios nuevos, que solo les interesa lograr sus propios objetivos. Desde hace mas de seis años las Juntas de Acción Comunal, que han ejercido la autoridad en el barrio y muchos residentes, han enviado cientos de oficios pidiendo colaboración a las diferentes entidades municipales, como Planeación Municipal, Ordenamiento Urbanístico, Secretaría de Gobierno, Dagma, Tránsito, Personería, Contraloría, Curadurías, etc. para la solución rápida a este y otros gravísimos problemas, pero la mayor parte de las respuestas han sido evasivas, unas trasladándole la responsabilidad a otras y éstas a su vez a otras, para así dejar en statu quo el problema. En el año 2010 por el Decreto 411.0.20.0329 del 16 de junio se congelaron todos los negocios en el barrio, pero de manera sorprendente y misteriosa, después de esta fecha, se disparó el número de usos de suelo. Esto tiene relación directa con las falsificaciones de las firmas. Justamente en octubre de 2011 el Alcalde Jorge Iván Ospina denunció públicamente un cartel de usos de suelo falsos, pero las denuncias aun reposan en la fiscalía en espera del dictamen que podría terminar por vencimiento de términos. Hace dos años se publicó un artículo en este mismo periódico1 y se señalaba a la palabra “progreso” como una palabra maldita. Muchos creen que la palabra “progreso” es mejorar o “echar pa’lante”, pero detrás de esta palabra se esconde una dura y terrible realidad, pues cuando surge un “Dorado”, su noticia se riega como pólvora y todos quieren participar de él a cualquier precio y sin importar las consecuencias.
Y es justamente ésto es lo que está padeciendo este barrio. No nos damos cuenta que por cuenta del famoso “progreso” se acabó el barrio Granada, el barrio Centenario, el barrio San Nicolás, entre muchos. La tranquilidad de un barrio es el capital mas grande que puede tener la comunidad, vale mas que los miles de millones que pueden generar todos los negocios juntos.
Por eso en aquellos barrios de estrato seis no se ve ni una tienda. Las autoridades quieren ignorar que San Antonio es un barrio residencial y los habitantes que viven en él luchan por proteger esa cualidad y están dispuestos a dar hasta su vida, como lo expresó uno de los habitantes del barrio, en una reunión con miembros de la administración municipal y de policía a finales del mes de febrero. En los últimos seis años son muchos los desastres que ha sufrido San Antonio, desde su destrucción física, como demoliciones completas de hermosas casonas, construcciones que no respetan la arquitectura tradicional (columnas frontales de fachadas, techos inadecuados, etc), pasando por proyectos que van en contravía de hitos históricos, como el famoso “Parque del Agua”, hasta el aumento descontrolado de negocios. La comunidad no sabe qué hacer, pues ya lo ha hecho casi todo, se han agotado todas las instancias, parece que el único camino fueran las acciones de hecho, como la marcha prevista para este mes. Las autoridades son las responsables de toda esta situación, por su negligencia, su incompetencia o su corrupción, ya que han dejado conscientemente instalar negocios sin ejercer control y además, teniendo soportes documentales enviados por muchas de las anteriores Juntas de Acción Comunal. Los perjuicios son graves y grandes, pues al no ejercer control y vigilancia han dejado que propietarios de negocios inviertan importantes sumas de dinero ¿Por qué han dejado que esto se haga? Es una tarea muy complicada, pues muchos negocios, con firmas falsificadas, ya vienen funcionando y el cierre de estos tiene procesos jurídicos, que son largos y complicados y la comunidad es la que debe padecer este calvario ¿Será una estrategia de las autoridades para tratar de imponer a la fuerza el cambio de usos en el barrio? ¿Será que se quiere aplicar la política del cansancio? Dejar sin solución el problema pensando que la comunidad tendrá que aceptarlo al final. El asunto se vuelve mas complicado aún cuando se avecina la presentación del nuevo P.O.T. que debe ser aprobado por el Concejo Municipal y se sabe que la ciudad será dividida en clusters que beneficarán a grandes sectores económicos y San Antonio puede ser perjudicada. A pesar de las insistentes solicitudes que la Junta ha hecho al Departamento de Planeación Municipal este no ha querido enviar ninguna copia de este documento para ser socializado por la comunidad. Es muy posible que este nuevo P.O.T. esconda mucha información inconveniente y peligrosa para el barrio, Ya se supo que existe el proyecto de construir un inmenso parqueadero en una zona aledaña a la Colina de San Antonio. Es otro dolor de cabeza que tendrá que padecer el barrio, enfrentándose de nuevo a decisiones arbitrarias, si éste proyecto se piensa realizar. Los habitantes de San Antonio, desde sus inicios han tenido que luchar o sufrir por su territorialidad, su patrimonio y su residencialidad: en 1944 la comunidad se levantó contra el Concejo Municipal para que restituyera la Colina que iba a ser urbanizada2; en 1952 se suprimió un espacio deportivo para construir las torres eléctricas detrás de la Capilla3; entre 1969 y 1971 se destruyeron todas las hermosas casas coloniales de la parte oriental para la ampliación de la Calle 5; en la década del 70 se construyó un completo residencial detrás de la capilla de San Antonio; en 1985 se destruyó la Colina con la construcción de enormes murallas de piedra, que fueron demolidas en 19934; en este mismo año, la J.A.C. rechazó un proyecto de unas caballerizas en el Parque de los Tanques del Acueducto; en el 2005 vuela en pedazos la gran esquina de la Calle 5 con 6ª para construir un parqueadero; en el año 2006 la comunidad se levantó contra la construcción de un pesebre gigantesco en el Parque de los Tanques; en este mismo año comienzan los problemas de los negocios; en el año 2008 surgió el proyecto del Parque del Agua, etc., etc., etc1 CALI CULTURAL ha publicado numerosos artículos sobre este y otros temas y ha denunciado muchísimas infracciones relacionadas con todos estos asuntos.
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