El pasado 19 de mayo los habitantes del jarillón del río Cauca, en Cali, recibieron en sus casas una notificación por parte del gobierno nacional y la administración local donde les advierte a los sectores de Venecia, Cinta Larga y Las Vegas que si al 1 de junio no han abandonado sus predios, serán desalojados. La comunidad de estos sectores apelan a los procesos legales que tienen en curso y argumentan que han recibido 40 órdenes de este tipo y nunca se les ha dado una constancia de que éste es efectivamente un terreno de alto riesgo no mitigable, como ha venido planteando la administración local.
La situación se presenta dentro del llamado proceso de recuperación del jarillón y según la sentencia N° 114 del Tribunal Contencioso Administrativo el próximo 1 de junio seria el plazo máximo para entregar de forma voluntaria sus predios, pues de lo contrario se efectuaran los desalojos por la fuerza.
Desalojos sin ninguna propuesta
Los habitantes del sector plantean que aún no hay una propuesta de vivienda digna que responda a las necesidades de quienes habitan dicho territorio y que nunca se les comunicó a tiempo del proceso que se venía cursando contra ellos, así lo manifestó Jaqueline Ariza: “Nos dicen que para el 1 de junio debemos haber desafectado la zona, es decir que nosotros mismos como propietarios debemos derribar nuestros predios y salir de ahí voluntariamente sin una propuesta de vivienda de mejoramiento de calidad de vida, ni siquiera nos están diciendo ustedes tienen esto, les vamos a ofrecer algo igual a lo que ustedes tienen para que continúen con su trabajo y con su vivienda en condiciones dignas como las que tienen ahí, simplemente dicen van para afuera el 1 de junio, esa es la respuesta que nos ha dado la inspectora encargada de hacer este desalojo, porque no podemos decir que va a ver reubicación. Nunca fuimos tenidos en cuenta dentro de ese proceso, ellos iniciaron una acción popular hace muchos años y eso como consecuencia arroja que todas las personas deben ser reubicadas y cabe aclarar que nunca nos dijeron en este juzgado se está cursando un proceso en contra de ustedes, nosotros nunca fuimos parte de esos procesos”.
Lanzados a vivir a la intemperie
La amenaza de desalojo es de gravedad y preocupación, ya que esta es la tercera ocasión en la que se intenta sacar por la fuerza a dicha comunidad, ya el pasado 13 de febrero la fuerza pública ingresó al terreno dejando como resultado más de 30 personas heridas. Según los habitantes en aquella ocasión fueron reiteradas las agresiones por parte de la fuerza pública, la cual lanzo artefactos incendiarios a las empresas ubicadas en la zona y hubo el asedio constante de helicópteros que sobrevolaban a muy baja altura.De aquel intento de desalojo, también se derribaron dos casas y sus habitantes a la fecha no tienen ninguna respuesta de la administración local, razón por la cual estas personas continúan en el mismo predio pero a la intemperie, en carpas, sin ningún tipo de solución a la vista.
Acciones legales embolatadas
Según comenta la señora Jackeline, por medio de una acción jurídica que ejecutó el abogado apoderado de la comunidad dentro del proceso se logró detener la arremetida de la administración local en esa ocasión. En estos momentos tienen cinco tutelas admitidas por el Concejo de Estado, con lo cual los habitantes del jarillon siguen a la espera de algún tipo de fallo. Lo único que saben es que este concejo solicitó, hace más de un mes, al juzgado que tiene la acusación popular en Cali que enviara todo a Bogotá, para sorpresa de la comunidad el proceso ya no está ni en el juzgado, ni en Bogotá porque supuestamente el proceso aún no ha llegado allá.
“Váyanse a comer ladrillo y cemento”
Sumado a la problemática de vivienda se encuentra la del sector productivo, pues en la zona hay más de 1500 unidades productivas, construidas en los más de 30 años de estar habitando este sector. Allí se encuentran empresas de diverso tipo, de plástico, operadoras de vidrio, colchonerías y otras que generan más de 3.000 empleos. También, según lo expresan, tienen una población donde el 80% son adultos mayores que llevan casi toda su vida en este territorio donde cuentan con más de 700 metros cuadrados, que ellos han denominado fincas dentro de la ciudad, espacios donde la gente todavía vive del cultivo, la siembra e incluso de granjas porcinas, avícolas, ganaderas, entre otras.
Esto ha ocasionado una doble vulneración, en tanto no solo se despoja del techo a la comunidad del jarillon, sino que también se atenta el derecho al trabajo, así lo hizo saber Ariza quien dijo: “Le exigimos al gobierno nacional y a la administración municipal unas garantías, pues si ese traslado se va a dar porque no solamente vivimos ahí hace más de treinta años, sino que de éstos predios dependemos económicamente ¿para dónde vamos a salir con todas nuestras pertenencias? hay muchísimos animales en esa zona: marraneras, vacas, caballos, aves, hay muchos cultivos, entonces el gobierno nacional y la administración municipal nos dice “los vamos a salvar de morirse ahogados”, pero entonces yo digo nos están salvando de morirnos ahogados, pero nos están mandando a morirnos de hambre, porque la propuesta de ellos es váyanse a comer ladrillo y cemento”.
Esto ha ocasionado una doble vulneración, en tanto no solo se despoja del techo a la comunidad del jarillon, sino que también se atenta el derecho al trabajo, así lo hizo saber Ariza quien dijo: “Le exigimos al gobierno nacional y a la administración municipal unas garantías, pues si ese traslado se va a dar porque no solamente vivimos ahí hace más de treinta años, sino que de éstos predios dependemos económicamente ¿para dónde vamos a salir con todas nuestras pertenencias? hay muchísimos animales en esa zona: marraneras, vacas, caballos, aves, hay muchos cultivos, entonces el gobierno nacional y la administración municipal nos dice “los vamos a salvar de morirse ahogados”, pero entonces yo digo nos están salvando de morirnos ahogados, pero nos están mandando a morirnos de hambre, porque la propuesta de ellos es váyanse a comer ladrillo y cemento”.
