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El
desarrollo del corredor de la carrera 15 para el paso del MIO se cumplio en el
año 2006, en medio de las quejas de cientos de comerciantes que
argumentaban perdidas económicas por las
obras.
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El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del
Circuito de Cali ordenó a la Alcaldía de la ciudad a pagar $645.693 millones a
un nutrido grupo de comerciantes que se vieron perjudicados económicamente por
la construcción del corredor de la Carrera 15 para el sistema de transporte
MÍO.
El fallo
responde a una acción de grupo interpuesta por 36 empresas (comercializadoras
de repuestos de vehículos, de pinturas, ferreterías, droguerías, restaurantes,
entre otras) en noviembre del 2008, por la cual se exige indemnización por
parte de Metrocali y el Municipio debido a las pérdidas que presentaron a causa
de cierres viales y obras.
Sin embargo la sentencia, que se emitió en primera
instancia, ordena la indemnización de ocho de dichas empresas que sí lograron
comprobar sus estados de pérdidas. Las indemnizaciones van desde $37 millones
hasta los $1150 millones.
Pero, además de compensar a esos ocho negocios, el
juez determina pagar indemnizaciones no mayores de $347 millones a 1850
comerciantes potencialmente afectados por las obras del MÍO. Los $645.000
millones serían administrados por la Defensoría del Pueblo, a través de un
fondo desde el que se pagarían las indemnizaciones, según la orden judicial.
Según el director Jurídico de la Alcaldía de Cali,
Javier Pachón, “se trata de un fallo desproporcionado y mal interpretado de lo
que significan las cargas públicas por obras, por lo que ya presentamos
apelación”.
El funcionario advirtió que “pagar una
indemnización de estas proporciones le significaría al Municipio declararse en
inviabilidad económica y tendría que acogerse a la ley de restructuración
financiera”.
Las
reacciones
William Rey, propietario de uno de los negocios
ubicado en los alrededores de las obras del MÍO de la 15 y favorecidos con la
indemnización, aseguró que “el reconocimiento sirve de algo. En mi caso, por
ejemplo, las pérdidas fueron de casi $300 millones y lo pudimos demostrar en
los balances que presentamos. Mi negocio se cerró y tuve que irme a vivir a
Buenaventura porque la actividad económica nunca repuntó”.
Al respecto, Rodolfo Yanguas, asesor de los
demandantes y experto en Derecho Público, explicó que “hay cargas públicas que
los ciudadanos deben asumir, porque el beneficio común prima sobre el
particular, pero si las obras se demoran más de lo planeado nadie tiene por qué
soportar estas cargas”.
Entre los argumentos presentados por los
demandantes, expuestos en la sentencia, están los cronogramas de obras donde se
consignaron retrasos de entre uno y dos años en tramos como la Carrera 15 entre
Calle 15 y Carrera 23 y las calles 13 y 15 entre carreras 1 y 15.
Según Javier Pachón, “en todas las ciudades del
mundo se realizan obras civiles constantemente. Se dice que hay daños
especiales por unas obras que duraron 16 meses y que, según los cronogramas de
trabajo, era un tiempo más que lógico para desarrollar unas intervenciones tan
grandes como las del MÍO”.
En la apelación presentada por Metrocali a este
fallo, la entidad “estima que las pérdidas sufridas por el grupo de
comerciantes durante el periodo de ejecución de las obras públicas no deben ser
consideradas por el juez como excesivas”.
Para abogados expertos en Derecho Administrativo,
como Gilberto Gómez, “la demanda no se hace cuando, por ejemplo, se va a
pavimentarle una vía al ciudadano, lo que claramente mejorará su calidad de
vida. Pero desde el punto de vista del derecho, está permitido que particulares
que se vean afectados sean indemnizados, así las obras sean para el bien
público”.
Sin embargo, para el Director Jurídico de la
Alcaldía, “el juez, con esta decisión salida de todos los parámetros, desconoce
el trabajo de la Administración como tal pues su trabajo es cumplir acciones en
bienestar de los ciudadanos y no para satisfacer intereses particulares”.
Ernesto Guzman Jr
El Pais
