Por:
Javier López B[1]
cuando a mediados del mes de abril, el alcalde de Cali, señor Rodrigo Guerrero Velasco, anuncio su intención de ubicar una serie de ventas estacionarias en el espacio público, especialmente en sectores como la ribera del Rio Cali, y en megaobras como el hundimiento de la avenida Colombia y la Plazoleta de la caleñidad, algunos sectores del comercio formal mostraron su beneplácito a tal decisión, solo si esta corresponde en medio de la "formalidad y una buena organización", es decir palabras más, palabras menos si estos nuevos espacios les eran entregados a ellos, evitando con esto que tales sitios queden en manos de los llamados vendedores ambulantes y/ estacionarios.
lo que se deja traslucir aquí nuevamente es el doble rasero con que tanto comerciantes formales como gobierno municipal hacen del manejo del espacio público, mientras la ocupación de este por parte de los venteros es mal visto y se les acusa de "invasores" del espacio público, recurriendo a todo tipo de medidas represivas como el decomiso de mercancías, los atropellos físicos y verbales, la violación de los más elementales derechos como el debido proceso, la confianza legitima, la igualdad real, entre otros, porque se alega entre otros la ilegalidad de esta ocupación, de otro lado estos comerciantes no dudan ni un momento pedir para sí, lo que niegan a los demás, pero este hecho no es nuevo, ya con anterioridad el gobierno municipal había entregado al sector privado la explotación del espacio público, entre los más connotados ejemplos podemos ver la ocupación constante de espacios abiertos como plazoletas, alamedas, parques, así sea de manera temporal a connotadas librerías de la ciudad con el pretexto de ser "ferias del libro", otro ejemplo claro de este manejo lo constituye el contrato de manejo de espacio público al hotel Obelisco, al oeste de la ciudad para la venta de empanaditas, bajo la figura de "administradores del espacio público", concesión dada durante la administración del alcalde Apolinar Salcedo.
La verdad es que la ocupación del espacio público solo corresponde a un claro reflejo de la grave crisis económica generada por la implementación de modelos económicos (el neoliberal para ser más precisos) que han llevado al empobrecimiento y marginalidad de cientos de personas que en medio del enorme índice de desempleo ven en el llamado rebusque la forma de poder ganar un ingreso, que aunque precario, de algo de alivio a las necesidades básicas insatisfechas de su núcleo familiar.
Ahora el desorden que se ve en algunos sectores si bien podría atribuírsele a los trabajadores algo de responsabilidad, no es menos cierto que la mayor parte de esta es del mismo gobierno que no aplica políticas de organización de estos vendedores, tal vez por el miedo de no otorgarles un reconocimiento oficial, lo que a la final se ve como un perjuicio para la ciudad ya que no le permite a la municipalidad tener una estadística clara de cuantos vendedores realmente hay, ni qué condiciones tiene cada trabajador y si este estaría dispuesto a entrar en un proceso de reubicación o reordenamiento.
Por ello el anuncio del gobierno local lejos de ser una buena noticia, corresponde un llamado de alerta y una confirmación de que este insistirá en mantener su equivocada política frente al espacio público y los vendedores ambulantes, de una parte de represión a estos y de otra de concesión a quienes pueden “pagar” estar en este espacio, no dudamos ni un minuto en que estos sitios serán entregados de manera preferencial a comerciantes formales, mientras que a los ambulantes se les dejara de un lado, manteniendo para estos su discurso de invasores ilegales, un doble rasero que parece no concluir en esta administración.
[1] Coordinador veeduría vendedores ambulantes
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