El Alcalde Jorge Iván Ospina ha implementado contra viento y marea las famosas 21 mega obras bajo el lema de estar “Remodelando el Cielo”. Las preguntas que nos asaltan son: ¿Será que el cielo de Cali sólo son moles de concreto para la malla vial, aunque los habitantes de la sucursal del cielo tengan que vivir debajo de los puentes peatonales y vehiculares de las principales vías de la ciudad? Y es que los diversos análisis, estudios y censos demográficos ejecutados por la misma Alcaldía Municipal, a través de sus dependencias como Catastro, Vivienda y Sisben, entre otras, y por el mismo DANE, estiman el déficit de vivienda para la ciudad entre 100 y 150 mil soluciones habitacionales como mínimo para contener y tímidamente superar el crecimiento subnormal existente en las laderas y zona oriental de Santiago de Cali.
A pesar de tener en Cali un abundante banco de tierras, no se ha priorizado la construcción de vivienda de interés social para mitigar la aguda crisis habitacional por la que atraviesa el municipio. Por el contrario, el burgomaestre y su grupo asesor han descuidado una inversión eminentemente de talla social, mientras se aventura en la transformación radical de la malla vial local con las famosas veintiún megaobras constituidas en puentes peatonales y vehiculares, hundimientos en las intersecciones, parques o zonas verdes, mega colegios, y otras obras civiles.
Dentro de estas obras está la famosa “Avenida Bicentenario”, con una longitud de 14.1 kilómetros, que unirá el norte con el sur en tan sólo 15 minutos, y con un costo de $450 millones de dólares. Este trayecto vial incluye un peaje inteligente o telepeaje, que no es más que un servicio de concepto “prepago” dentro de la ciudad; eso quiere decir que Cali será pionera en una nueva forma de erogación de tributos –peajes urbanos- que no contribuirán al desarrollo de la región, sino al pago de las concesiones a los inversionistas extranjeros y, más concretamente, a los chinos.
Otra “gran obra” se realiza en el Estadio de Futbol Pascual Guerrero, que ha sido objeto de remodelaciones y reforzamientos estructurales para albergar las justas del mundial sub 20 que se celebrará en Colombia en Julio de 2011. El plazo de entrega era el pasado 28 de Mayo, pero aún hoy falta mucho trabajo por hacer allí. Esto acaba de agudizar los escándalos por sobrecostos de la obra, estimados en más de $90 mil millones de pesos, así como del tablero electrónico o pantalla gigante que se facturó con un valor que superó 3 o 4 veces el valor de su cotización inicial.
Las 21 megaobras, que en realidad son 48 obras civiles ejecutables en la capital del Valle del Cauca, tendrán un costo superior a los $948 mil millones de pesos, los cuales serán cobrados por la administración municipal a sus habitantes, mediante valorización municipal; pues aunque se nos ha inculcado que las sobretasas a la gasolina es para la reparación de la malla vial justificando así sus sobrecostos escandalosos, pareciera que esta destinación de los recursos no se aplica en la sucursal del cielo. Es cierto que este proyecto es requerido por la ciudad ante el atraso de la malla vial que se evidencia en Santiago de Cali, pero se pudo haber ejecutado de manera pausada para no generar los trancones vehiculares que hoy se presentan; las calles de la ciudad reflejan las imágenes de los bombardeos de las grandes potencias al territorio libanés, grandes y profundos cráteres, vías cerradas.
¿Cómo avanzan los proyectos de vivienda?
Entre tanto, el municipio de Santiago de Cali dispone hoy de un área de de 2.2 millones de metros cuadrados de expansión al sur de la ciudad, lo que equivale a 220 hectáreas aproximadamente de terreno aptas para vivienda. Estos hacen parte de la recuperación jurídica, administrativa y territorial que hiciera anteriormente la administración municipal frente a los tenedores o “propietarios”, todos ellos adinerados, que ocupaban y usufructuaban ilegal e ilegítimamente los “Ejidos” de la ciudad. El lote recuperado se ubica en los predios denominados Piedra Grande, Brisas de Pance, Cascajal y Flamengo, insertos dentro de la jurisdicción del Corregimiento del Hormiguero, zona rural ubicada en la loza sur oriental de la capital del Valle del Cauca.
Dentro de la política de las viviendas de interés social - VIS, la capital vallecaucana cuenta con planes macros avalados incluso por el Gobierno Nacional. Según versión del actual secretario de vivienda de Santiago de Cali, Marco Zambrano, tales programas habitacionales “se encuentran por fuera de los criterios de la Honorable Corte Constitucional y por tanto se encuentran en pleno desarrollo o vigencia”. Estos proyectos efectivamente avanzan en su construcción, pero con muchísimas irregularidades. Por ejemplo, los terrenos se han venido feriando entre los “inversionistas privados”, y está dirigido a satisfacer a sectores poblacionales con una mediana o alta capacidad de endeudamiento financiero. Lo que claramente denota que la recuperación de los ejidos no se destinará para la construcción de las VIS sino que tendrán otra destinación.
Entre estos proyectos se cuenta Altos de Santa Elena, un complejo de edificios y apartamentos que riñen abierta y contundentemente con la cultura y costumbres de quienes serían beneficiados con tal proyecto. Estas son personas con un considerado arraigo al campo, a las que les gustan los animales de corral, los cultivos de pan coger, las huertas caseras y que, obviamente, en un apartamento no podrán continuar con su ritmo de vida.
También está el proyecto de la Ecociudad Navarro, ubicada dentro de los “Ejidos”, que tendrá una capacidad para construir hasta 40.000 viviendas. Es un proyecto urbanístico ambicioso y futurista con criterios de vida digna, en el sur de la ciudad; está en zona plana y con gran facilidad para su proyección, con plena conectividad con el sistema de transporte masivo. Las soluciones allí diseñadas son casas.
En administraciones anteriores, el Concejo Municipal discutió y aprobó el “Plan Parcial El Verdal”, localizado en el corredor Cali – Jamundi. Este predio tiene una extensión de 240 mil metros cuadrados, dándole cabida a 2.140 soluciones de vivienda, de las cuales el 30% de ellas, es decir 600 viviendas aproximadamente, se deben destinar a viviendas de interés social – VIS. Este proyecto cuenta con vías de penetración, manejo de espacios públicos, equipamiento urbano colectivo, parques, iglesias, centros de salud; es decir, una mini ciudad dentro de una gran urbe cosmopolita.
En este complejo habitacional las casas son de 3 habitaciones, cuentan con zonas verdes y equipamientos necesarios para una buena calidad de vida de sus beneficiarios. El costo de la vivienda, de acuerdo a proyecciones de la Gobernación del Valle del Cauca, se considera en $12 millones de pesos, y su cuota inicial, que equivale al 10% ($1.200.000.oo), puede ser cubierta así: $500.000 entregados directamente por la Gobernación Departamental, $700.000, procedentes del ahorro programado del beneficiario; el restante ($10'800.000.oo) se paga con del subsidio de vivienda, que desde ya supera ampliamente el remanente. La obligación de suministrarlo recae en la Nación o el Municipio, quien también entregará el lote; los servicios públicos serán garantizados por Emcali EICE ESP.
Pero estos proyectos de verdadera envergadura social no se ejecutan por parte del municipio; por el contrario, los ejidos se están entregando al capital privado para el desarrollo de vivienda para los sectores de la clase alta, constituida por los estratos sociales 4, 5. En las zonas más afortunadas geográficamente se desarrollarán unas obras habitacionales con casas inteligentes para los súper estratos del 6 en adelante. Mientras, el pueblo caleño, los desplazados y vulnerables que llegaron a la ciudad con la esperanza de reconstruir sus proyectos de vida ante la violencia generalizada, producto del conflicto armado y de la voracidad de las empresas transnacionales, tendrán que hacinarse en los proyectos pilotos de vivienda que, de manera extraña, han venido siendo cobijados con una actitud cómplice por el gobierno central, y que se han vuelto famosos por lo infrahumanos.
El Viacrucis de los que no tienen vivienda
Hay que recordar que el jarillón del Río Cauca fue construido hace más de 30 años por la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CVC, con el ánimo de mitigar los riesgos por inundaciones en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Este proyecto culminó con la construcción de la Represa de la Salvajina en el noroccidente del Departamento del Cauca, con la intención adicional de regular el cauce aguas arriba del afluente para no inundar los cultivos en el Valle del Cauca; regular las crecientes súbitas del río Cauca y mitigar de esta manera las pérdidas económicas de los agricultores del Valle de Cauca. Además de la generación de energía eléctrica que se comercializa a nivel nacional e internacional.
Ahora sobre el jarillón se encuentran varios asentamientos, entre ellos el de “Brisas de un nuevo amanecer”. Vale la pena resaltar que hace 4 o 5 años, en tiempos de la administración de Apolinar Salcedo, la alcaldía reubicó a varias familias en Potrero Grande; esto contó con la bendición del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez Pero las personas o familias que salieron “favorecidas” con dicha reubicación no aguantaron las altas tarifas de servicios públicos (la facturación por concepto de servicios públicos, los cuales se incrementaron por encima de los límites o parámetros legales contenidos en la ley de servicios públicos) ni las elevadas cuotas de vivienda (cuotas de créditos de vivienda que han venido ascendiendo por voluntad del sector financiero y que al día de hoy se han tornado impagables, ello sin contar los intereses por mora y las cuotas vencidas para otras familias), y por tanto tomaron la opción de regresar al asentamiento Brisas.
Además, muchas de estas familias fueron engañadas: las reubicaron por alto riesgo ante los deslizamientos de tierras en zonas de ladera o crecientes de cauces de ríos en las zonas llanas; pero ellas tenían viviendas construidas con materiales de ladrillo y cemento, otras con madera, esterilla y zinc, por tanto no se les podía cobrar la vivienda, sino se les debía entregar en compensación por la demolida. Pero la alcaldía hizo todo lo contrario.
Programas de vivienda y lavado de activos
Se agrega a la problemática, el hecho de que este predio fue adquirido de manera non santa por la Alcaldía; su propietario anterior era el reconocido narcotraficante Juan Carlos Ramírez “Chupeta”, a quien también se le incautaron varios miles de millones de pesos, que sorpresivamente fueron “invertidos” en programas de vivienda de interés social. De tal forma pareciera que las VIS en el Valle del Cauca son un proyecto mafioso desde su inversión o promoción, cofinanciación y ejecución, que se enmarcan en una política de lavado de activos por vía oficial, y que lo encubren con la mitigación de soluciones de vivienda, supuestamente, para los sectores populares. Los predios de Potrero Grande no fueron adquiridos por extinción de dominio ante el Estado o algunas dependencias, fue el Municipio de Santiago de Cali quien en una transacción económica y/o comercial, obtuvo la propiedad y tenencia de tales terrenos. El lote se compró por parte de la Secretaria de Vivienda a cargo de Carlos Humberto Marín López en el año de 2004, por la no despreciable suma de $16.377 millones de pesos.
Igual ocurrió con el proyecto Altos de Santa Elena, que recientemente fue recientemente inaugurado por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón; el gobernador Francisco Luorido, y el alcalde, Jorge Iván Ospina. Tal como aconteció con el proyecto de Potrero Grande, la tradición de estos terrenos es de dudosa procedencia. Según la unidad investigativa del diario El País en su edición 20.905 de Junio 1º de 2008, pág. 3, afirma: “Voceros de la Fiscalía dijeron a El País que esos presuntos nexos del terreno y sus dueños con la mafia, comenzaron en 1993 cuanto la Constructora Santiago de Cali Limitada, cuya representante legal era Carmen Esneda García de Ramírez, familiar de Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, el confeso narcotraficante capturado en Brasil el año anterior, se hizo con la propiedad de la finca Potrero Grande”.
No hay voluntad de la alcaldía
La situación habitacional en Cali es aberrante. A julio del 2007, el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el Documento Conpes 3476, en el que presenta la estrategia para la financiación y ejecución de Macroproyectos de Vivienda de Interés Social – VIS en las ciudades de Cali y Buenaventura. El documento hace hincapié en que las condiciones de desarrollo urbano de las ciudades de Cali y Buenaventura evidencian una fuerte presencia de asentamientos precarios que ocupan especialmente zonas de alto riesgo o de importancia ambiental; presentan además déficit de espacio público y equipamientos comunitarios, y escasez de suelo urbanizable Pero a la fecha, después de transcurrido más de tres años, no se observa mejoría alguna en la contención del déficit de vivienda en la ciudad.
Y esto se mantiene así, a pesar de que en los reportes de la administración municipal se cuenta con la no despreciable suma de $52.000 millones de pesos como presupuesto destinado para subsidios de vivienda nueva, subsidios para mejoramiento de vivienda construida, mitigación de riesgos, titulación y legalización de predios en la sucursal del cielo. Pero estos dineros, al igual que los auxilios por la ola invernal, no se están utilizando para la construcción y mejoramiento de la vivienda en Cali; son las megaobras las que se están financiando con recursos provenientes de las vigencias futuras y su recobro a la comunidad se hace a través de impuestos por valorización municipal para todos los caleños, sin excepción alguna.
Parece en todo caso aberrante el impulso que se le da a la reestructuración de la malla vial, en beneficio de la “globalización de mercados”, que requiere grandes y amplias vías urbanas e intermunicipales para acortar tiempos y con ello entrega de mercancías, mientras se mantiene un déficit y una precariedad en materia habitacional que no cuenta con el mismo impulso.
Lo más indignante, tal vez, es que incluso se pueden utilizar otras formas o herramientas para financiar una verdadera política de vivienda de interés social – VIS en la ciudad. Pero estas no se ejecutan por no romper la alianza macabra de gobierno y empresarios –burguesía- dentro de su lógica de poder y terrorismo oficial. Podemos contar, por ejemplo, entre estas alternativas, con el uso de la “Plusvalía”, instrumento o modalidad aprobada por el Concejo Municipal en el anterior período. Allí se estipula que un predio que está por fuera del Plan de Ordenamiento Territorial –POT, pero está en los planes o intenciones de ser explotado económica o financieramente, debe ser concedido en un 50% de su cabida o extensión al municipio.
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